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Andalucía / fraude en empleo

El bufete del exsindicalista Lanzas cobró tres millones en comisiones de los ERE

Día 04/02/2013 - 12.46h
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Hacienda destapa pagos entre 2006 y 2010 con ayudas de la Junta de la mediadora Uniter a Estudios Jurídicos Villasís

En el rompecabezas de la trama de los ERE el bufete de abogados Estudios Jurídicos Villasís fue una pieza clave. El despacho sevillano participó en la tramitación de algunas pólizas irregulares y conoció supuestamente la inclusión de falsos trabajadores en expedientes subvencionados por la Junta. Bajo esta tesis, la juez que instruye el caso, Mercedes Alaya (apartada desde el verano del caso por enfermedad), imputó a los responsables del bufete, Carlos Leal B. y Daniel Gutiérrez M.

A cambio de su asesoramiento legal a empresas en quiebra, este despacho, que tuvo como comercial al conseguidor de ayudas y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, cobró jugosas minutas que directa o indirectamente abonaba la Consejería de Empleo con cargo al fondo de 647 millones de euros para empresas en crisis, bautizado como «fondo de reptiles» por el exdirector general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero.

La Agencia Tributaria da fe de estos pagos. Tras rastrear los datos fiscales de la empresas que tomaron parte en la trama de corrupción, el organismo dependiente del Ministerio de Haciendadescubre que Estudios Jurídicos Villasís recibió un montante superior a 3,34 millones de euros por parte de la consultora Uniter SL entre 2006 y 2010, es decir, durante la mitad de la década en la que estuvo funcionando el polémico sistema de financiación pública de los ERE creado en 2001. Uniter SL, perteneciente a José González Mata, fue una de las principales mediadoras en el negocio de los ERE junto con Vitalia. Ambas llegaron a ingresar más de 34,5 millones en comisiones en sólo cinco años, según el estudio fiscal.

El intermediario jerezano trabó una intensa y fructífera relación comercial con el bufete del abogado Carlos Leal, como refleja la investigación de la Agencia Tributaria a la que ha tenido acceso ABC, incorporada al sumario del caso. Uniter y el Estudios Jurídicos Villasís gestionaron las pólizas de los ERE más voluminosos, que afectaron a las empresas Santana Motor, Astilleros, Delphi o la Faja Pirítica de Huelva y Sevilla. Fueron también los más costosos para las arcas públicas. Empleo asumía, sin mediar ningún concurso público, el pago de las comisiones a intermediarios y, lo que resulta más insólito, el asesoramiento legal a empresas y sindicatos. En los acuerdos que la Junta suscribía con las asociaciones de prejubilados y los sindicatos para financiar las pólizas «se establecía que el servicio jurídico se lo pagábamos nosotros a los abogados», explicaron fuentes de la consultora, con la que la Junta empezó a trabajar de forma más asidua a mediados de la década pasada.

Desde la correduría de seguros Uniter justifican la elevada factura que abonó a Estudios Jurídicos Villasís durante un lustro argumentando que «se trataba de procesos complicados que requieren de un seguimiento permanente». «Es un trabajo de diez años», puntualizan. En los años 2006 y 2007 constan pagos por importe de 1,97 y 1,3 millones de euros, respectivamente. Los abonos continuaron años después de la salida de Guerrero de la Dirección General de Trabajo en abril de 2008. No obstante, las cuantías disminuyeron con su marcha de la Consejería.

«Cuando se hace un ERE los sindicatos necesitan asistencia jurídica en todo el proceso», señalaron desde la consultora. Los abogados de Villasís incluso se sentaban en la mesa con los representantes sindicales y la dirección de la empresa en la firma de los expedientes de regulación de empleo. Uniter relevó a la catalana Vitalia como intermediaria de cabecera de la Consejería de Empleo porque era más profesional y aplicaba márgenes de beneficios más bajos, aunque seguían siendo superiores a las tarifas del mercado.

Los fondos de los ERE constituyeron para Estudios Jurídicos Villasís la principal fuente de entrada de dinero. Así lo revelan con claridad las cuentas del bufete, que en 2006 y 2007 declaró haber facturado 2,17 y 1,54 millones de euros, respectivamente. Estas cifras contrastan con el que hecho de que las ganancias al cierre de 2007, por ejemplo, fueran de apenas 10.969 euros, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil.

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