¿Puede el decreto de vivienda de la Junta dar lugar a un «fondo de reptiles» como el de los ERE?

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El portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en Andalucía, Martín de la Herrán, ha manifestado este sábado que teme que el decreto de función social de la vivienda aprobado por la Junta de Andalucía "genere un nuevo fondo de reptiles".

Según indica en un comunicado UPyD, De la Herrán ha realizado estas declaraciones tras analizar que la disposición final primera modifica el artículo 33 de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre -el que establece el objeto de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA)-, añadiendo un nuevo apartado que confiere a esta empresa "la potestad en la gestión, control y registro de las fianzas de los contratos de arrendamiento y vivienda". En este sentido, el líder regional de UPyD ha alertado de "la gravedad que puede suponer que una empresa pública, sujeta a un control administrativo prácticamente nulo, gestione un fondo de estas características". "Precisamente, la EPSA fue la única que no publicó sus deudas cuando se activó el plan de pago a proveedores", ha incidido el dirigente político, para quien "esta falta desembocó en un tratamiento especial por parte del Gobierno autonómico en los presupuestos, permitiéndole un endeudamiento que alcanzó los 150 millones de euros". Es más, De la Herrán insiste en que "con estos datos y con su falta de transparencia, ni siquiera se puede conocer el verdadero estado de sus cuentas ni tener la certeza de que se pueda garantizar a los ciudadanos la posibilidad de recuperar sus depósitos o fianzas".

Sin inspectores suficientes

Por otra parte, a su juicio, "no disponer del número de inspectores necesarios para llevar a cabo las previsiones del decreto, daría lugar a que los trabajadores de la EPSA serían quienes asuman estas funciones, y en este caso, si no son funcionarios, no son las personas adecuadas para asumir dicho trabajo".

Concretamente, según ha explicado, el artículo 85 del decreto ley recoge que "la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones reguladoras de la obligación del depósito de fianzas se realizará por la Consejería competente en materia de vivienda por sí o a través de sus entidades instrumentales y el personal designado inspector conforme a la normativa de aplicación tendrá en el ejercicio de sus funciones la consideración de agente de la autoridad".

Este punto, sumado a la modificación del artículo anteriormente citado, para el coordinador regional de la formación, "da lugar a que la EPSA, como entidad instrumental, tiene asignadas todas las funciones, incluida el depósito de fianzas, y puede controlar todo a través de sus empleados". De esta manera, De la Herrán ha alertado de que "quitar el depósito de fianzas a Hacienda y dejarla en manos de la EPSA podría desembocar en la misma situación peligrosa que dio lugar al caso de los ERE y, por tanto, podría incluso generar otro fondo de reptiles".