La trama de los ERE se apropió también de indemnizaciones del Estado a parados

A la trama de los ERE fraudulentos le supieron a poco las millonarias sobrecomisiones procedentes de las subvenciones de la Junta de Andalucía para prejubilaciones. En sus redes cayeron también cuantiosas indemnizaciones del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Según declaró el dueño de la mediadora Uniter SL, José González Mata, a la juez que instruye el caso, Mercedes Alaya, destinaron al pago de comisiones el dinero que el organismo público, adscrito al Ministerio de Empleo, dedicaba a sufragar los salarios de los trabajadores de las empresas que se habían declarado insolventes o en concurso de acreedores.

Durante su interrogatorio ante la juez, el dueño de la consultora Uniter, que el pasado martes ingresó en prisión provisional , explicó que los sindicatos y la Junta de Andalucía acordaron que él cobrara en concepto de provisión de fondos las indemnizaciones procedentes del Fogasa u otras indemnizaciones que los trabajadores tuvieran derecho a percibir, procedentes incluso de las propias empresas. De este modo se trataba de compensar a los intermediarios por los impagos de las ayudas por parte de la Junta de Andalucía.

El acuerdo se cocinó en una reunión celebrada en 2006 a la que no se invitó a ningún representante del Ejecutivo central, y donde asistieron Tomás Susan, secretario de Empleo de la Federación Minerometalúrgica de CC.OO.-A, y Salvador Mera, secretario regional de la federación de Industria de UGT, así como el exdirector general de Trabajo y uno de los principales imputados, Francisco Javier Guerrero, por parte de la Junta.

En el interrogatorio, la magistrada le preguntó a González Mata cómo era posible que se llegara a este trato cuando el acuerdo suscrito por las dos administraciones en 2002 fijaba que las indemnizaciones del Fogasa «se utilizarían para aminorar el importe de las primas de las pólizas» de prejubilación. Uniter SL recibió unos 3 millones de euros a través de las indemnizaciones. La juez del caso le imputa por ello un delito de apropiación indebida.