Ciberespionaje en Invercaria

La empresa de capital riesgo de la Junta de Andalucía, Invercaria, se ha convertido en un escenario de conspiraciones en el que el espionaje es ya una práctica habitual. La entrega de correos en el juzgado para incriminar a Cristóbal Cantos, el exdirectivo de Invercaria que fue despedido tras negarse a manipular expedientes para justificar inversiones, ha desatado las alarmas entre los investigadores. Con la aportación de estas pruebas, la expresidenta de la sociedad, Laura Gómiz, y el director de Análisis, Manuel Rodríguez, dos de los 14 imputados en el caso, buscan hacer caer todo el peso de la ley sobre la persona que denunció irregularidades y grabó sus reuniones para «cubrirse» antes de que lo echaran. Pero la jugada maestra judicial de estos imputados puede volverse en contra de la Junta.

El fisgoneo de comunicaciones que irrumpen en el ámbito privado y su difusión «podrían constituir un delito de revelación por parte de Francisco Álvaro Julio (el actual presidente de Invercaria) a dos privados para uso particular en perjuicio de un tercero», alegan los abogados que ejercen la acusación particular del PP en el proceso, Lourdes Fuster y Luis García Navarro. En un escrito de 16 páginas presentado el martes en el juzgado de instrucción 16 de Sevilla, los letrados desmontan los indicios incriminatorios contra Cantos, exdirector de Promoción. Tras analizar con detalle la «valiosa» información aportada, concluyen que, más que servir a su causa, «vienen a reforzar los indicios incriminatorios existentes» contra Gómiz y Rodríguez, que siguen trabajando en la empresa, y «lo que es más grave, su aportación pudiera ser constitutiva de infracción penal».

Al cabo de tres horas de declaración, el pasado 17 de julio el juez Juan Gutiérrez Casillas, que investiga la supuesta malversación de fondos públicos en la empresa de capital riesgo, suspendió el testimonio de Cantos al anunciar el representante legal de Gómiz que tenía documentación relevante que podría hacer cambiar su condición de testigo por imputado. A la espera de la decisión que adopte sobre Cantos, actual director financiero de la Zona Franca de Cádiz, el magistrado indaga en este rocambolesco caso de ciberespionaje.

El juez ha instado a la empresa pública a que informe al Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional sobre «el sistema de archivo de dicha documentación, custodia, personal autorizado para acceder a los mismos y constancia en sus registros informáticos o no de acceso en los años 2012 y 2013». Los abogados que representan al PP han pedido que ambos pongan a disposición judicial los equipos informáticos de los que los han extraído y que Invercaria y su propietaria, la Agencia IDEA, expliquen por qué no los habían aportado a la causa y sí tuvieron acceso a ellos dos imputados. Tras esta operación de espionaje electrónico se esconde un intento de ajustar cuentas judiciales con el exdirectivo que grabó con un micrófono oculto varias reuniones en las que se escucha a Gómiz asegurar que si se «hubiera comprometido con la ética no trabajaría en esta organización [en referencia a Invercaria]».