Alaya motiva la imputación de Griñán, Chaves y cinco exconsejeros

Cinco días ha tardado la juez Mercedes Alaya en responder al auto por el que la Audiencia Provincial de Sevilla le ordenaba motivar la imputación en el caso de los ERE fraudulentos de los expresidentes de la Junta, José Antonio Griñán y Manuel Chaves y cinco exconsejeros.

En un auto firmado ayer y que acaba de conocerse Alaya insiste en comunicar a Griñán, Chaves, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Avila y Manuel Recio que están imputados dándoles traslado de las actuaciones y pidiéndoles que se personen en la causa. Para motivar la reimputación de todos ellos la juez se basa en el informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía y la Cámara de Cuentas que incidieron en que el procedimiento utilizado para conceder las ayudas era inadecuado y que era aprobado por el Consejo de Gobierno y que el interventor había advertido de ello al entonces consejero de Hacienda.

En un detallado auto, la juez asegura que el proceso de concesión de subvenciones sociolaborales y ayudas a empresas llevado a cabo por la Dirección General de Trabajo desde el año 2000 hasta el 2001 en virtud de los programas 22-E y 31-L supuso una cantidad aproximada de 700 millones de euros a través de la partida de las transferencias de financiación. Y asegura que se trató de una «actuación continuada de concesión de ayudas al márgen de la Ley» sin la fiscalización previa del gasto.

Y todo ello se pudo producir gracias a la partida presupuestaria de las transferencias de financiación, primero a través de las modificaciones presupuestarias y luego a través de las propias leyes de presupuestos. Y todo ello fue aprobadas por el Consejo de Gobierno, constituido por el presidente de la Junta, Manuel Chaves, y el resto de los consejeros .

En este sentido Alaya recuerda en su auto que el propio exinterventor Manuel Gómez dijo que sabía que el consejero de Hacienda, José Antonio Griñán, «no sometió formalmente el contenido de los informes definitivos de cuentas anuales y de cumplimiento al Consejo de Gobierno porque recibía semanalmente toda las órdendes del día del Consejo de Gobierno». E incluso que era «impensable» que el consejero no supiera que se había generado un déficit de 93 millones en el año 2005 y posteriormente otros 95 millones. Este nuevo auto opuede ser recurrido.