La Junta investiga subvenciones de formación por 49 millones de euros
Fueron concedidas a la extinta Fundación Andaluza para la Formación y el Empleo
La Consejería de Economía de la Junta de Andalucía ha iniciado un procedimiento de auditoría en relación a la justificación pendiente de dos subvenciones concedidas en 2009 y 2010 a la extinta Fundación Andaluza para la Formación y el Empleo (FAFFE) por importe de 48,8 millones.
En este anuncio lo ha hecho, en declaraciones a los periodistas en Huelva el consejero del ramo, José Sánchez Maldonado , a raíz de un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre las subvenciones que recibió la extinta FAFFE de 24,5 millones en 2009 y 24,3 millones en 2010 sin «justificación alguna» y, además, parte de los cursos no se han iniciado o están pendientes de acabar.
El consejero ha aclarado que el Gobierno andaluz encargó este informe a la Cámara de Cuentas y ha asegurado que «se van a seguir todas las indicaciones y recomendaciones del órgano fiscalizador, como ya se viene haciendo desde 2010».
También se ha pronunciado sobre este informe el secretario general del PP andaluz, José Luis Sanz , quien ha avanzado que el PP va a exigir a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que explique en el Parlamento la «orgía de los fondos de formación».
Según Sanz, el informe de la Cámara de Cuentas «vuelve a incidir en la evidencia clamorosa del fracaso absoluto del modelo de Concertación Social» y « p one de manifiesto que el fraude de los ERE no fue un caso aislado sino que en la Junta ha existido un 'modus operandi' que se repite en el tiempo».
En el informe de fiscalización de las subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo para la formación profesional , la Cámara de Cuentas de Andalucía alerta de que el 89 % en 2009 y el 36 % en 2010 de las subvenciones se concedieron sin concurrencia a los agentes sociales.
Además, el órgano fiscalizador detecta irregularidades en las ayudas a formación para los extrajabadores de la factoría de Delphi en Puerto Real (Cádiz) por casi nueve millones de euros.
Igualmente, cuestiona la legalidad de las subvenciones a los sindicatos UGT y CCOO destinadas a las infraestructuras para la formación, que ascendieron a 1,3 millones en 2009 y a 2,6 millones en 2010.
El informe concluye que el SAE no dispone de un documento de planificación, ni un plan de evaluación de los planes formativos para valorar su eficacia y calidad, ni elabora informes de inserción o de impacto previstos en la normativa tras finalizar los cursos.
La Cámara ha examinado una muestra de 78 expedientes por importe de 279,5 millones , representativa del 37 % del importe total concedido en 2009 y 2010.
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