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PSOE e IU redoblan la presión de la Junta sobre la Iglesia

Día 06/03/2014 - 08.07h
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La reducción de horario para impartir la asignatura, último jalón de una escalada que busca reafirmar el laicismo militante

El Ejecutivo bipartito de PSOE e Izquierda Unida que gobierna la Junta de Andalucía ha redoblado en los últimos meses su presión sobre la Iglesia y sus instituciones. El anuncio de que reducirá al mínimo el horario escolar de la asignatura de Religión no es sino el último hito de una sucesión de decisiones gubernativas que tienen al hecho religioso en el punto de mira.

El blanco favorito de la Junta, empeñada en resaltar su apuesta laicista, lo integran los profesores de Religión Católica, en cuya selección no interviene para nada la Consejería de Educación puesto que la idoneidad para impartir la asignatura depende directamente de los obispados correspondientes. La Junta, incluso con gobiernos monocolor del PSOE, ya venía señalando a estos docentes.

Antes de la anunciada reducción de horario, los profesores de Religión sintieron en sus carnes el poco aprecio que las autoridades educativas siente por ellos. Quedaron excluidos en 2008 del Programa de Mejora y Calidad de Rendimientos Escolares que incluía incentivos de 7.000 euros. Finalmente, el programa se retiró ante el rechazo de muchos de los claustros en los centros educativos.

Más recientemente, en mayo de este año, la Consejería de Educación distribuyó una circular interna en la que impedía a los profesores de esta asignatura ejercer como tutores académicos y vigilantes de patio en los recreos escolares, lo que llevó a la patronal de colegios católicos a hablar de «hostigamiento» al considerarlo un acto de «palpable discriminación» en relación con los otros docentes de centros públicos cuando se conoció la orden.

La enseñanza suele ser el campo de batalla habitual para los escarceos laicistas del Gobierno de la Junta de Andalucía. El consejero de Educación, Luciano Alonso, se ha cerrado en banda alegando que invade competencias del Estatuto de Autonomía ante la posibilidad de mantener el concierto a centros de educación diferenciada que segregan las clases por sexos y les ha mostrado a los colegios, en su mayoría de inspiración católica, el camino del recurso judicial como única vía para mantener la subvención.

Incluso ha llegado a ir más allá. En una entrevista en noviembre, reafirmaba sus convicciones: «No entiendo que las creencias sean motivo de evaluación. Tampoco entiendo que se ponga una asignatura paralela para que el que no quiera Religión. ¿No hablamos de mejorar la calidad? Entonces, ¿por qué le quitamos horas a Lengua para que la Religión esté presente?»

Pulso a Cáritas

Pero este pulso no se dirime solo en el campo educativo. También la actividad asistencial bajo el paraguas de la Iglesia, como la que desarrolla la ONG católicaCáritas, ha sufrido los embates del Ejecutivo autonómico, incluso antes de la entrada en el Gobierno de IU. En 2011, antes de la cita con las urnas, la Consejería de Igualdad y Bienestar Social dejó en suspenso «sine die» su convenio con Cáritas Andalucía de carácter bienal. El retraso de su renovación en diciembre dejó en el aire mucha actividad de la institución benéfica, que recibía unos ingresos aproximados de 3 millones de euros (1,49 millones al año).

Más cercano en el tiempo, la Consejería que preside Diego Valderas intentó en una reunión en noviembre de 2012 controlar el reparto de alimentos por parte de instituciones benéficas y organizaciones no gubernamentales, entre ellas Cáritas. Esta posibilidad, emboscada tras una pretendida racionalización de las entregas a los más necesitados, pretendía el control bajo la autoridad de la Junta de esta actividad benéfica.

El recuento de los encontronazos entre la Junta y la Iglesia no estaría completo sin la más reciente y sonada controversia, la surgida en torno a la titularidad de la Mezquita de Córdoba, ante la pretensión del cabildo catedralicio de inscribirla en el Registro de la Propiedad a nombre de la Iglesia. Aunque la punta de lanza en este caso ha sido Izquierda Unida, la presidenta Susana Díaz se ha sumado de buen grado a la presión sobre la Iglesia cordobesa garantizándole, eso sí, la gestión del monumento y lugar de culto.

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