La mina de Aznalcóllar cumple 16 años de polémicas desde la catástrofe del vertido

El anuncio del Gobierno de Mariano Rajoy de que llevará al Tribunal Constitucional el plan de la Junta de Andalucía para reabrir la mina de Aznalcóllar es el último capítulo en un complicado proceso que comenzó hace 16 años con la rotura de la balsa. Este ha sido el devenir de estas instalaciones resumido en cinco fechas.

1998. En la madrugada del 25 de abril la rotura de la balsa de la mina propiedad de Boliden Apirsa provocó una impresionante inundación de lodos tóxicos. El vertido producido en el río Agrio llegó rápidamente al Guadiamar, que fluye hacia el Parque Nacional de Doñana y preparque, donde fue frenado y desviado mediante diques para que llegara con más rapidez al Guadalquivir y hasta llegar al mar.

2001. Boliden abandona la explotación minera al tiempo que las administraciones le reclaman 90 millones por la limpieza de los lodos en un pleito que aún perdura.

2002. Se cierra la vía penal —21 técnicos imputados fueron absueltos—, por lo que la Junta de Andalucía demandó a Boliden para recuperar los 89 millones invertidos en la limpieza de residuos, pero el Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Sevilla se declaró incompetente, decisión que fue ratificada en 2003 por la Audiencia de Sevilla y en 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El 22 de noviembre de 2004 la Sala 3ª del Tribunal Supremo condenó a Boliden-Apirsa al pago de unos 45 millones de euros en concepto de indemnización por los daños causados. Boliden anunció que no piensa pagarlo por obedecer el accidente a un «factor externo». Entonces la Junta presentó un recurso ante el Tribunal Supremo, que en 2012 ordenó que el caso, después del «indeseable peregrinaje sufrido», regresara al mismo juzgado sevillano de primera instancia que se inhibió una década antes.

2005. Como alternativa a la minería, la Junta impulsa en Aznalcóllar un parque industrial para la ubicación de empresas privadas especializadas en el medio ambiente.

2013. En diciembre del pasado año el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el decreto que teóricamente iba a permitir la reapertura de la mina mediante un concurso del que estaría excluido la empresa. Es el decreto que ahora ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional.