salud

Los recortes de la Junta de Andalucía asfixian a dentistas y ortopedias

El plan dental infantil redujo la tarifa de 36 a 30 euros niño/año y ahora el SAS ha propuesto rebajar el precio de los productos ortopédicos

Los recortes de la Junta de Andalucía asfixian a dentistas y ortopedias abc

josé cejudo

07/04/2014
Actualizado a las 07:29h.

«Las tarifas son rídículas», «estamos asfixiados», «con las carnes abiertas», «se van a perder muchos puestos de trabajo». Estas son alguna de las expresiones de profesionales odontólogos y de propietarios de ortopedias ante la política de recortes implantada por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y ejecutada en la práctica por el Servicio Andaluz de Salud (SAS). El Plan de Atención Dental Infantil (PADI) se puso en marcha en 2002 con una tarifa de 36 euros niño/año, y lejos de aumentarse ha pasado en la actualidad a 30 euros. Mientras, las ortopedias, donde alrededor del 90 por ciento de sus productos son para pacientes de la Seguridad Social, ya han sido avisadas por la Junta de que tendrán que bajar los precios.

En los últimos años y a consecuencia de los planes de austeridad derivados de la crisis, el problema que acuciaba a estos dos colectivos era el retraso en los pagos por parte del SAS, a veces hasta de seis meses. Afortunadamente, y salvo algunas excepciones, la Administración está al día en lo que se refiere al ejercicio económico de 2013. La preocupación viene ahora de la mano de los recortes.

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Dentistas ha denunciado la «considerable reducción de la tarifa anual que reciben los profesionales» adscritos, de forma voluntaria, al Plan de Atención Dental Infantil. Un plan de atención gratuita de determinadas intervenciones para niños de 6 a 15 años, que comenzó en 2002 con una tarifa de 36 euros niño/año, posteriormente pasó a ser de 32.40 euros y en estos momentos es de 30,74.

Luis Cáceres, presidente del Consejo y del Colegio de Odontólogos de Sevilla, lamentó en declaraciones a ABC que el SAS actúe siempre «de forma unilateral».

Explicó que el acuerdo al que llegan los profesionales con la Junta les obliga a atender a un niño «cuantas veces lo necesite de urgencia, a hacerle una limpieza anual y un control radiográfico. Sólo con eso no se cubre el precio. E imaginemos que además se tengan que hacer las extracciones o la obturaciones de las piezas definitivas. Por tanto, consideramos que es una tarifa ridícula para el trabajo que realiza el dentista con ese niño a lo largo de todo el año».

Matiza Luis Cáceres que el acuerdo no obliga a todos los dentistas, ya que, insiste, es de carácter voluntario y los contratos son personales. «Yo, por ejemplo, no estoy en el PADI», y explicó que fundamentalmente a quienes más les puede interesar es a los licenciados más jóvenes, que tienen consultas con menos pacientes, como una forma de fidelizar clientes a través de los familiares de los niños. Es el argumento, señaló, que suele utilizar la Junta para justificar la escasa contraprestación.

«Pero eso es muy relativo –subrayó–, porque ocurre igual que con las compañías. Yo tengo clientes que vienen a tratarse a mi consulta, y a las compañías van exclusivamente para hacerse la limpieza cada año».

Cáceres aseguró tener conocimiento de compañeros que pertenecían al PADI y que optaron por no prorrogar el acuerdo con el SAS. «Después de más de diez años la vida ha subido, al igual que el mantenimiento de la consulta, aunque la Junta también dice que a todos sus empleados se les ha bajado el sueldo». Económicamene el PADI no le interesa a la mayoría de los profesionales, aunque el SAS se vale de la situación de precariedad, «algo que no ocurre sólo en este sector», reconoció.

Igual de descontento con la Junta se encuentra el colectivo de los propietarios de comercios de ortopedias. Aunque han conseguido cobrar todos casi todos los atrasos correspondientes a 2013, ahora se enfrentan a la pretensión del SAS de revisar el catálogo de productos y proceder a una rebaja de todos los precios, que podría ser de un 12 por ciento, si bien la cifra aún no está cerrada. .

Según manifestó a este periódico una representante de la asociación profesional Ortoan, «nosotros tenemos un convenio con los hospitales, el paciente viene con la receta del producto (prótesis, calzado, sillas de ruedas...) facturamos a la Seguridad Social y ellos tienen el compromiso de pagarnos a los 90 días. Hay un catálogo de precios que no se han tocado desde 2005, pero en lugar de subirlos lo que pretenden es bajarlos».

Según esta portavoz, las ortopedias representan una parte muy pequeña de los presupuestos del SAS, «y ahora pretenden regularizar el sector porque piensan que hay muchos establecimientos. Las ortopedias no están reguladas, se pueden abrir las que se quieran, a diferencia de las farmacias, que están limitadas por el número de habitantes o por la distancia entre una y otra».

La bajada de precios de los productos ortopédicos que paga el SAS tiene un motivo. «Nos han dejado claro que no hay dinero, y eso lo sabemos porque hemos estado un año sin cobrar», si bien ahora están «al día, aunque algo queda coleando».

Y es que por lo general, las ortopedias, después de cumplir todo tipo de requisitos, trabajan en un 90 por ciento aproximadamente para la Administración, a través de las recetas médicas, mientras que el 10 por ciento restante son ventas a particulares y a mutuas privadas de accidentes. También depende de la ubicación del establecimiento. Normalmente procuran situarse en las proximidades de los centros hospitalarios, afirma la representante de Ortean.

Si los recortes se confirman, resaltó, «va a ser un problema: la mayoría somos pequeñas empresas y los precios de fabricación están muy ajustados. Además, trabajamos con hornos industriales, y como está la luz.... Cuando se sumen los gastos esto va a ser caótico, habrá cierres y mucha gente se va a quedar en el paro porque ya nos están asfixiando».

El año pasado, recordó, el SAS ya trató de que se bajaran los precios, pero el sector se opuso en bloque y la medida quedó en suspenso. «Pero este año –enfatizó– han dicho que sí o sí porque no hay dinero y hay que rebajar el presupuesto. Estamos con las carnes abiertas. Pero a lo que también nos negamos es a comprar en China y a bajar la calidad del producto porque no estamos hablando de una silla para la playa».