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tras dos aplazamientos

Programado para el 22 de abril el primer gran juicio de los monitores educativos

El colectivo ha anunciado que retomará sus protestas después de Semana Santa y que prepara una gran concentración

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La ciudad de Cádiz acogerá el próximo martes 22 de abril, tras dos suspensiones, el primer gran juicio colectivo de monitores administrativos de centros docentes andaluces afectados tras el anuncio de la administración autonómica de asumir por medio de una oferta de empleo público sus funciones .

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del sector, que han precisado que esta demanda alberga los intereses de 34 de estos trabajadores. Otros juicios, celebrados en Córdoba, ya han quedado vistos para sentencia.

El colectivo, por otra parte, ha anunciado que retomará sus protestas después de Semana Santa y que prepara una gran concentración, pendiente aún de autorización, ante la sede de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Una de las portavoces del movimiento, Ana Moreno, ha indicado a Europa Press que, en este sentido, los últimos días, coincidiendo con la apertura por parte de la Consejería de un proceso de acreditación para estos trabajadores, han sido de 'stand-by', si bien "en Sevilla las compañeras siguen acampadas en Torretriana a diario".

De esta manera, tras el festivo, la idea es "dar un paso más" y buscar el compromiso de la administración para el cumplimiento íntegro de la proposición no de ley (PNL) aprobada en el Parlamento por mayoría, y que supondría una salida a su problemática, al objeto de lo cual, al margen de la concentración de Sevilla, seguirán convocándose movilizaciones a nivel provincial. Recientemente, este segmento convocaba una marcha desde San Jerónimo hasta la Plaza de la Encarnación de Sevilla para que la Junta cumpla la PNL y los compromisos que garanticen la vuelta de éstos a sus puestos de trabajo.

De esta manera, en un manifiesto entregado a la Presidencia de la Junta, consultado por Europa Press, los monitores señalaron haber aguantado una situación de "esclavitud", tratándose en su mayoría de mujeres con cargas familiares. Es, añadían, "un colectivo que ha demostrado una profesionalidad excelente, avalada por equipos directivos, querido en todas y cada una de las comunidades educativas que conforman los mil y pico de centros a los que pertenecíamos, y admirado por su capacidad de entrega y lucha".

Asimismo, defienden que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha sacado un plan de choque "lleno de despropósitos" para sustituir a estos trabajadores "con aval de experiencia y respaldados por sus centros". "No sólo ha perjudicado a un colectivo de 840 personas que hoy está en el paro, también a un 30 por ciento de centros educativos que a pocos días de terminar el periodo de escolarización se han visto privados de este servicio, que han tenido durante ocho cursos", manifiestan.

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