La consejera de la Junta que apoya La Corrala ha ordenado más de 150 desahucios

Antes de los ocho realojos realizados sin cumplir la lista de espera, desahució a familias por no pagar el alquiler social y a okupas «sin título legal»

La consejera de la Junta que apoya La Corrala ha ordenado más de 150 desahucios valerio merino

alberto garcía reyes

22/04/2014
Actualizado a las 16:29h.

Más de 150 desahucios administrativos ha ordenado hasta ahora la Consejería de Fomento y Vivienda que dirige la comunista Elena Cortés a través del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía , a los que habría que sumar los realizados de manera directa a los afectados a los que sí ha podido notificar su resolución.

La consejera que ha auspiciado el realojo de ocho okupas de La Corrala Utopía de Sevilla sin cumplir el orden de la lista de espera oficial con el pretexto de que no puede haber viviendas vacías y gente sin vivienda, acumula un amplio glosario de resoluciones de desahucio dictadas por los gerentes de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía en las ocho provincias, todos ellos dependientes de Cortés.

En un primer momento su Consejería intentó dar vivienda pública a 17 okupas de La Corrala , entre las que se encontraba la militante de IU Irma Blanco, que tuvo que renunciar a las llaves cuando este periódico publicó que estaba trabajando en el Ayuntamiento de Villaverde del Río. Sin embargo, tras el enfrentamiento de Susana Díaz con IU los realojados fueron ocho , que, según Vivienda, cumplen los requisitos legales.

El Ayuntamiento de Sevilla ya ha hecho público que los técnicos de asuntos sociales sólo incluyeron en el baremo de urgencia social a dos de estos okupas y que ocupaban los puestos 100 y 122 en la lista de espera. El resto, según los servicios municipales, tiene que esperar su turno en una lista en la que hay 12.371 demandantes .

Frente a estos datos, que pudieron provocar la ruptura del pacto de gobierno entre el PSOE e IU de no ser porque Susana Díaz dio marcha atrás a su decisión de retirar a los comunistas las competencias en la adjudicación de viviendas públicas, se sitúa el Boja, que acumula cientos de publicaciones de desahucios administrativos dictados por la misma Consejería que ha realojado a familias que no cumplen los requisitos , pero que estaban integradas en una organización, La Corrala, claramente dirigida y controlada por IU . En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía se han publicado decenas de anuncios de desahucio desde que Elena Cortés accedió al cargo de consejera hasta que repentinamente paró estos procedimientos.

Eso ocurrió a mediados del año pasado, momento en que una okupa de La Corrala denunció que estaban usando su pena para hacer política y aseguró que en el edificio había varios miembros de IU. Aquellos anuncios simplemente cumplían con la normativa vigente y los gerentes de EPSA en las ocho provincias los publicaban siguiendo el proceso administrativo establecido contra quienes no cumplían los requisitos para poder seguir disfrutando de esas viviendas. Es decir, la Junta de Andalucía tenía la obligación de hacerlo porque así lo dicta la ley. Sin embargo, Cortés aseguró entonces que había ordenado no llevar a los juzgados el final del proceso administrativo, por lo que según su departamento la mayoría de los desahucios no se han llegado a producir .

Este es su argumento ante la contradicción en la que incurre avalando a La Corrala y realojando a los okupas. Frente a la ilegalidad que su propia Consejería tiene la obligación de perseguir, silencio administrativo. Además, las resoluciones que sus gerentes firmaron la sitúan en otra incongruencia.

La mayor parte de ellas se hicieron por «falta de pago de las rentas» , pero entre el grueso hay varias con una causa sorprendente a tenor de los acontecimientos de las últimas semanas: se dicta el desahucio por «ocupar una vivienda o sus zonas comunes, locales o edificación complementaria sin título legal para ello» . Es decir, por okupar una vivienda dando una patada en la puerta. Justo lo que ahora se premia, según consta en los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla, que han acreditado que sólo dos de los ochos realojados cumplen los requisitos.