Un okupa de La Corrala tuvo 19.000 euros de ingresos el año pasado
Entre las personas a las que quiso realojar la Junta de Andalucía hay dos que cobran más de lo que estipula la normativa y tres que nunca han pasado por la ventanilla de Asuntos Sociales
Entre los okupas de La Corrala que la Junta intenta realojar en pisos públicos tras la orden de desalojo dictada por el juzgado número 3 de Sevilla, hay al menos dos que tienen ingresos superiores a los que se exigen para poder optar a una vivienda pública en régimen de alquiler social. Concretamente, uno cobró el año pasado 19.760 euros y el otro 14.041 , lo que según la normativa vigente les permite pagar las cuotas sociales, que en la mayoría de los casos ronda los cien euros mensuales. Obviamente, estas personas cuentan con dictámenes negativos por parte de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla para poder optar a un piso.
A estos casos hay que sumar el de la cabecilla del movimiento , Irma Blanco, militante de IU que trabaja actualmente para el Ayuntamiento de Villaverde del Río , gobernado por partido, como monitora en un taller de empleo y que, por tanto, no se encuentra en riesgo de exclusión social ni en situación de emergencia. De hecho, cuando ABC publicó esta información, Blanco tuvo que renunciar al piso que la Junta le había concedido . Pero esta misma situación puede darse en otras tres personas que ni siquiera han acudido a los servicios sociales para ser baremados por los técnicos . Una de ellas ha sido realojada entre las ocho que finalmente recibieron las llaves. Las otras dos están pendientes de solución. Curiosamente, según ha podido confirmar ABC, uno de estos afectados ha sido convocado varias veces por los funcionarios de Asuntos Sociales para realizarle su baremación y nunca ha acudido alegando que estaba muy ocupado al tener que ir a las movilizaciones antidesahucios .
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