La Junta tiene 643 millones de ayudas para los cursos de formación sin controlar

Las ayudas de los cursos de formación están atascadas en la Junta de Andalucía . Hasta enero de 2013 el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) acumulaba 634,62 millones de euros en expedientes de subvenciones sin revisar , según la información facilitada por el propio organismo público a la Cámara de Cuentas de Andalucía . Sólo en expedientes correspondientes a 2007 y a años anteriores, el SAE tenía contabilizados hasta 70 millones de euros que están a punto de prescribir .

La Administración regional está obligada por imperativo legal a controlar los fondos públicos para acreditar que no ha habido trampa ni cartón en los cursos, los mismos que ahora están en el punto de mira de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Judicial. Apunta a un fraude masivo aún por cuantificar.

El informe del ente fiscalizador sobre la cuenta general de la Junta correspondiente a 2012, publicado el pasado 4 de marzo, muestra cómo la abultada cifra de «libramientos pendientes de justificar» ha aumentado alegremente desde 2008 . El número de expedientes sin revisar alcanzó su techo al finalizar 2009 , justo en el momento en el que la UDEF centra sus investigaciones: con 248,69 millones de euros pendientes de su control.

La tardanza de la Administración autonómica a la hora de supervisar la riada de fondos destinados al fomento del empleo (en el periodo 2007-2013 ha repartido más de 2.000 millones , en su mayoría procedentes de la Unión Europea) ha encendido las alarmas de la Cámara de Cuentas .

El Gobierno andaluz, a través de su portavoz, Miguel Ángel Vázquez , salió ayer al paso del maremoto provocado por el fraude destapado por la UDEF y centrado por ahora en empresas de formación de la provincia de Málaga .

Vázquez argumentó que la Junta inició la revisión de las ayudas concedidas para cursos de formación desde el año 2007 a finales del mes de septiembre del pasado año, por iniciativa de la presidenta, Susana Díaz, y bajo el principio de la no exoneración, es decir, la justificación del empleo adecuado de las cantidades recibidas para acceder a nuevas subvenciones. Una regla que no se aplica a UGT , al que sigue subvencionando después de la instrucción abierta en un juzgado de Sevilla por la supuesta trama de facturas falsas , algunas de ellas relativas a programas de formación.

En lo que respecta a los expedientes revisados en estos siete meses, la Junta detalló que sólo en los servicios centrales se han realizado 480 requerimientos de documentación a entidades para que amplíen la justificación de su subvención. Fruto de este trabajo, ha i niciado ya 56 expedientes de reintegro parciales y totales de ayudas concedidas. Para esta investigación se han contratado a sesenta interinos .