El presidente de la patronal de formación fue en una lista electoral del PSOE

Félix Martín Moreno, presidente de la patronal andaluza de empresas de la formación (Cecap), alzó la voz el pasado martes para pedir a los partidos que dejen de utilizar como «arma arrojadiza» para la «confrontación política» el supuesto fraude que investiga la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. Pocos como él saben de eso en un sector que vive sus días más convulsos por los casos de supuesta apropiación indebida de fondos públicos destinados a reciclar laboralmente a desempleados que ha denunciado la Seguridad Social.

Félix Martín fue en la lista que presentó el PSOE a las elecciones municipales del 25 de mayo de 2003 en Castilleja de Guzmán. Su nombre ocupaba el primer puesto de suplente en la papeleta que barrió en los comicios en su pueblo, una pequeña localidad situada en la cornisa del Aljarafe sevillano donde reside.

A pesar de su fugaz incursión en la política local, donde ha hecho carrera el máximo responsable de la federación regional de academias ha sido en el negocio de la formación, un sector acolcolchado por la riada de ayudas que ha repartido la Junta para reorientar la vida laboral de miles de parados y trabajadores . Martín figura como administrador único en la empresa Análisis y Formación Aplicada S.L., que ha recibido 1.395.194 euros para impartir cursos por parte de los sucesivos gobiernos socialistas desde el 9 de septiembre de 2003 hasta el 21 de marzo de 2012, como ha podido corroborar ABC a través de las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

El 21 de marzo de 2012 está fechada la última resolución por la que la Dirección General de Formación Profesional del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) distribuyó ayudas dentro de la convocatoria pública del programa de formación para formadores del año 2011 . Su sociedad accedió a una subvención de 39.900 euros que estaba cofinanciada en un 80 por ciento por el Fondo Social Europeo. El dinero salió del programa 32D, denominado Formación para el Empleo, en el que se centran las pesquisas policiales. La UDEF requirió a la Administración 17 expedientes de ayudas asignadas a empresas de la provincia de Málaga que incumplieron el compromiso legal de contratación de al menos el 60% de los alumnos. No es el caso de la sociedad del directivo de Cecap, que no imparte este tipo de cursos.