El Sindicato de Funcionarios recurre al Constitucional la reordenación de la Junta

El Sindicato Andaluz de Funcionarios, SAF, ha formulado dos nuevas demandas de amparo al Tribunal Constitucional por vulneración de los artículos 14 y 23.2 de la Constitución contra dos sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Séptima, que estimaron los recursos de casación interpuestos por la Junta contra los fallos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que respaldaron al sindicato.

Los recursos se refieren al protocolo de integración de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA) y a los estatutos de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA), a trvés de la denominada «ley del enchufismo»

El SAF considera en un comunicado que esta vía puede ser la definitiva para acabar «con uno de los escándalos más polémicos llevados a cabo por la Junta de Andalucía, la privatización de los servicios públicos y la inclusión sin procedimientos reglados de 30.000 personas, la misma cantidad que hay de funcionarios en la Administración Pública».

El SAF, recuerda, siempre ha alegado la inconstitucionalidad de estos decretos y resoluciones que se han llevado a cabo ignorando a los sindicatos mayoritarios y emanan de una Ley, la 1/2011 de reordenación del sector público o «del enchufismo», que vulnera numerosos artículos de la Constitución.

El sindicato manifiesta en los recursos que el personal de fundaciones, amparándose en una figura exclusiva del derecho laboral como es la sucesión de empresas, «pasa de un ente instrumental privado a otro público de forma ilegal». También el SAF defiende ante el Constitucional que las sentencias del Supremo conculcan los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, evidentemente incluyendo a los funcionarios, «al acceso a un empleo público en condiciones de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, así como criterios objetivos y no discriminatorios».

Tmbién expone el SAF en su recurso que, según la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, si no prospera el recurso de amparo se estaría vulnerando la jurisprudencia del propio Constitucional con respecto al acceso a la Función Pública en Andalucía, «al no distinguir entre una subrogación empresarial de las normas laborales y una irregular y peligrosa integración que convierte a personal externo automáticamente en personal laboral de las Agencias con acceso directo a la Administración y con atribución de funciones públicas».