Los funcionarios de la Junta han dejado de cobrar más de 1.000 millones desde 2012

La presidenta andaluza, Susana Díaz, anunció ayer la restitución el próximo año de las pagas extras que la Junta decidió recortarles en los últimos tres años (eliminando la aportación del complemento autonómico), frente al resto de funcionarios del Estado, al que el Gobierno central solo se la retiró en el primer ejercicio. El Ejecutivo andaluz, sin embargo, no devolverá a sus trabajadores el dinero que les ha recortado durante estos años, unos 1.000 millones de euros según el sindicato CSIF-A, pero tampoco los derechos sociales asociados a su sueldo, como la atención bucodental o las ayudas al estudio, que el Gobierno de Mariano Rajoy mantiene a nivel nacional.

Díaz hizo el anuncio durante la pregunta que le planteó el PP en la sesión de control al Ejecutivo del Parlamento, la primera desde que decidió renunciar a la carrera sucesoria en el PSOE federal para «centrarse en Andalucía». Con ello, la presidenta «celebraba» su decisión e iniciaba su particular campaña de imagen de cara a futuras convocatorias electorales, con un gesto a un colectivo numeroso, dado que en la Junta hay unos 250.000 empleados públicos. Profesionales que ha puesto en serios aprietos a la Administración desde el inicio de la reforma del sector público, a través de la denominada «ley del enchufismo», muy criticada por la mayoría de las organizaciones sindicales.

En su intervención frente al portavoz popular, Carlos Rojas, Díaz explicó que ya ha dado instrucciones a la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, para que en los presupuestos de la comunidad para el próximo año «se incorpore el abono de la totalidad de las pagas extras a los empleados públicos para 2015». La presidenta espera que con esta medida, que calificó de «justa», los funcionarios «empiecen a recuperar lo que les corresponde».

Tanto CSIF como Satse y CC.OO. solicitaron a la Junta el «reembolso» del dinero que durante los últimos tres años han dejado de percibir los empleados públicos a consecuencia de los sucesivos recortes. IU, socio del PSOE en el Gobierno andaluz, manifestó que la medida anunciada por Susana Díaz era fruto del «consenso» entre las dos formaciones, y no una iniciativa exclusiva de la presidenta.