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Acceder a una vivienda en Andalucía es la «ley de la selva», según el PP

Alicia Martínez alerta del «caos» en la gestión de las viviendas sociales de la Junta

Acceder a una vivienda en Andalucía es la «ley de la selva», según el PP JUAN FLORES

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La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía y responsable del Área de Vivienda, Alicia Martínez, ha alertado este domingo del «caos» en la gestión de las viviendas sociales de la Junta, promovido por la política del «todo vale» de la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, quien, «amparada» por la presidenta, Susana Díaz, ha instaurado la «ley de la selva» en el acceso a la vivienda en Andalucía.

Esto es, según ha señalado Martínez, «patada en la puerta e irregularidades frente a la legalidad y el derecho de las familias sin recursos». Todo esto surge a raíz de conocer que un total de 86 familias han ocupado una edificio en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), donde su alcalde, Víctor Mora (PSOE), ha acusado al Gobierno andaluz de «no servir para nada» en política de vivienda.

En este sentido, Martínez ha recordado que el PP-A ya avisó del «peligroso precedente» que sentó la consejera Cortés cuando «vulneró el derecho de las familias en lista de espera para ser realojadas en vivienda social, colando a las familias de la Corrala Utopía de Sevilla».

«La primera culpable de esto es la presidenta de la Junta, que no fue capaz de tomar las riendas de una situación que ya se está extendiendo al resto de la Comunidad», ha censurado la 'popular', quien ha incidido en que «ni Cortés ni Díaz están haciendo nada para facilitar el acceso a una vivienda a quienes más lo necesitan cuando es titular de más de 80.000 viviendas en alquiler en toda Andalucía».

Asimismo, ha advertido de la «anarquía» que reina en el parque público de vivienda social de la Junta de Andalucía, ya que, según Martínez, «en muchos casos no se cobran los alquileres y se venden incluso entre vecinos».

Para la dirigente 'popular', «este caos y descontrol es consecuencia de la opacidad con la que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) gestiona el parque social de vivienda«, una agencia que «ya fue condenada en un juzgado por la arbitrariedad en la concesión de ayudas a los inquilinos», ha añadido.

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