crisis de las vpo
Los vínculos entre Dolmen y la CEA explican el descontrol en las VPO de Sevilla Este
La administración concursal pide analizar las conexiones societarias y personales entre la anterior cúpula de la patronal y la empresa gestora
La mayoría de las ventanas de Isbilya —una promoción de viviendas sociales para jóvenes con pocos recursos en Sevilla Este— permanece con las persianas bajadas. La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) es la responsable de este proyecto de 583 pisos que, en teoría, debería haberse concluido a finales de 2009. Cinco años después sólo se han entregado trece «con pequeños defectos de terminación bastante generalizados». Los «materiales empleados son de calidad media-baja» al igual que la terminación, que es directamente «baja», y eso a pesar de que el presupuesto inicial, de 40 millones de euros, ha derivado en una deuda de casi 70 millones. El estado actual de la obra hace prever «la aparición de vicios ocultos debido a una mala ejecución».
Así lo recoge el informe provisional de la administración concursal, firmado por el equipo de Ernst & Young (EY) en Andalucía y el economista y auditor Antonio Moreno. Sin embargo, las 160 páginas de este documento muestran que el gran desperfecto de la obra de la patronal andaluza no está en cómo se han abordado los aspectos técnicos, sino en su parte financiera, cuyo descontrol podría estar relacionado con las conexiones societarias y personales entre la anterior cúpula de la CEA y los directivos de Dolmen.
Aunque solo se han dado las llaves de trece casas y el 50% de los compradores han renunciado a las mismas, el contrato que la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa (organismo meramente instrumental de la CEA) y la empresa Dolmen (dirigida por Juan Manuel Sanz y Antonio González y encargada de ejecutar la promoción) estipulaba que por cada vivienda entregada cobraría un 12% del importe (por aspectos como la gestión administrativa y comercial). Mientras que cientos de compradores aportaron una entrada de 16.000 euros que aún no han sido devueltas, Dolmen ha recibido cinco millones de euros por una labor que estaba vinculada al éxito de la promoción. En este importe se incluyen también sus honorarios por intermediar en la venta del solar (pese a que Dolmen asumió el proyecto cuando el suelo ya estaba adjudicado a la Fundación de la CEA), los gastos de publicidad (que no han sido justificados) o los de seguridad (a pesar de que esta tarea la realizaba otra empresa).
Anticipos injustificados
Si esto es destacable, más aún lo es el hecho de que en la contabilidad de la Fundación de la CEA aparezca un crédito a Dolmen por 2,5 millones de euros que se abonó en metálico con cheques al portador (de los que Bankia no ha aportado el nombre de quién los firmaba y los recibía, a pesar de que esa información ha sido requerida por la administración concursal). Incomprensiblemente la CEA no ha reclamado esta deuda. Es más, la auditoría de las cuentas refleja que «no existe contrato del préstamo ni ningún otro documento soporte de la entrega de los fondos realizada». En total, se trata de anticipos injustificados de 7,5 millones de la CEA a Dolmen
¿Por qué la CEA confió una obra de tal envergadura a Dolmen cuando en 2007 ya atravesaba serios problemas económicos? ¿Y cómo se explica que todas las empresas que han colaborado con la CEA en esta promoción estén hoy en concurso de acreedores debido a su insolvencia (la propia Dolmen junto a Dosevi, CYR y Nazarí)?
«Hay que analizar y describir las relaciones personales y empresariales entre los patronos de la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa (todos ellos miembros de la CEA) y los agentes intervinientes», apunta el informe, que manifiesta a continuación: «No es la solvencia lo que lleva a que le adjudiquen las obras a Dolmen, hay que buscar nombres de personas que aclaren estas decisiones».
O más claramente: los directivos de la CEA «han otorgado apoderamientos amplísimos a favor de terceros con quienes tienen relaciones societarias complejas y de difícil trazabilidad, pero no por ello inexistentes». De hecho, la deficiente contabilidad de la Fundación de la CEA se controlaba en la propia sede de Dolmen.
Por el momento, se trata del informe provisional del concurso de acreedores. El documento definitivo podría estar culminado en el mes de noviembre y, a partir de ahí, se procederá a dictaminar si ha sido un concurso fortuito o culpable.
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