La Junta de Andalucía publica una resolución de 2012 que exonera a más de un millar de entidades

El Gobierno andaluz ha hecho pública hoy la resolución del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de diciembre de 2012 y el listado de más de un millar de entidades beneficiarias de las exoneraciones de ayudas al empleo a raíz de las denuncias periodísticas sobre un presunto fraude en estas prácticas.

La Oficia del Portavoz del Gobierno ha publicado hoy, «en un ejercicio de transparencia sobre su gestión», dicha resolución y el listado de las organizaciones beneficiarias de la exoneración, es decir, de no tener que justificar las ayudas recibidas para la formación para el empleo para recibir más subvenciones.

Esta resolución del Servicio Andaluz de Empleo no se publicó en su día en el BOJA porque «no es obligatorio», si bien la Junta ha decidido darla a conocer ahora para que «no se siga especulando con a quién se le dieron -las ayudas- o se les dejó de dar», ha declarado hoy el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo.

En las últimas semanas ABC de Sevilla ha publicado informaciones que apuntan a un supuesto trato de favor en la concesión de exoneraciones a empresas vinculadas al exconsejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda , que está siendo investigado por la justicia por presuntos fraudes en los cursos de formación financiados por la Junta.

El SAE justifica la exoneración en «circunstancias de especial interés social» derivadas de los graves problemas de financiación que ha ocasionado la crisis a las entidades beneficiarias para poder afrontar los gastos de la ejecución de los cursos.

También explica que se trata de una excepción a la ley general de la Hacienda Pública de Andalucía, que establece que no se puede proponer el pago de subvenciones a personas o entidades beneficiarias que no hayan justificado en tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo programa presupuestario de la administración andaluza y de sus agencias.

La Junta ha insistido en que la exoneración «no supone eliminar la obligación de justificación de las ayudas porque sigue vigente esa exigencia y, en esa línea, se están comprobando los expedientes».