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La Junta abonó a proveedores 1.750 millones de euros en facturas sin supervisar

El Consejo de Gobierno acordó en 2012 «omitir el preceptivo trámite de fiscalización previa» para incluirlas en el mecanismo extraordinario de pago

La Junta abonó a proveedores 1.750 millones de euros en facturas sin supervisar juan flores

antonio r. vega

La Junta de Andalucía aprovechó el plan de pago a proveedores para vaciar sus cajones de facturas que no habían sido validadas por el interventor. El mecanismo extraordinario que aprobó en 2012 el Ejecutivo de Mariano Rajoy para aliviar la elevada morosidad de las administraciones públicas permitía abonar los recibos pendientes anteriores al 1 de enero de 2012 mediante un préstamo del Instituto de Crédito Oficial. El problema estriba en que el Ejecutivo de José Antonio Griñán no realizó criba alguna. Endosó de golpe al plan estatal de pago a proveedores 1.750,76 millones de euros en facturas que no habían sido revisadas ni cotejadas previamente por la Intervención General de la Junta. Fueron más de medio millón de facturas correspondientes en su mayor parte a gastos sanitarios y farmacéuticos.

Para evitar los controles previos de la Intervención, el Consejo de Gobierno acordó el 26 de junio de 2012 convalidar «la omisión de la fiscalización previa en la adquisición de aquellas obligaciones incluidas y pendientes de liquidar con cargo al mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los proveedores de las Comunidades Autónomas». Así reza en el documento de tres páginas al que ha tenido acceso ABC. La Junta consideró que tal acuerdo no tenía relevancia suficiente como para explicarlo a los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión. Previa deliberación por el Consejo de Gobierno, el documento fue firmado por el entonces presidente andaluz, José Antonio Griñán, y su consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo. Con esta medida, el Gobierno andaluz corría el riesgo de que afrontar gastos injustificados o dar por válidos documentos contables con errores e irregularidades.

De la deuda comercial de 2.693,53 millones de euros que Andalucía cargó al plan del Ministerio de Hacienda, el 65 por ciento correspondía a gastos (algunos se remontaban a 2004) realizados sin la autorización de la Intervención, encargada del control interno de la gestión económico-financiero del sector público autonómico. Así se desprende del informe de la Cuenta General de la Junta de Andalucía sobre el ejercicio de 2012 elaborado por la Cámara de Cuentas de Andalucía.

El Ejecutivo andaluz prescindió de la preceptiva autorización de la Intervención amparándose en un acuerdo adoptado el 6 de marzo de 2012 por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se toman las grandes decisiones que afectan al reparto del dinero y al déficit de las autonomías.

Fue un auténtico coladero de facturas que no tenían partida asignada en los presupuestos. Más de medio millón de facturas incluidas en el plan salieron de la «cuenta 409», como se conoce en el argot contable a aquella que registra todas las obligaciones de acreedores pendientes de aplicar al presupuesto. Es decir, de los 2.693,53 millones de euros (repartidos en 743.496 facturas de 2.395 proveedores distintos) que la Junta imputó en 2012 al mecanismo extraordinario de financiación, 1.750,76 millones correspondían a gastos contraídos a espaldas de los controles de la Administración.

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