granada
Un juez critica el «abuso» de los políticos al promocionar a «funcionarios dóciles»
Miguel Ángel del Arco confirma la imputación del jefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Armilla por posible malversación en la obra ilegal de una rotonda
¿Se pueden manipular a ciertos funcionarios [de la Administración local], obligarlos a emitir informes y a dictar resoluciones que no se ajusten a la legalidad o que la bordeen para lograr ciertos objetivos? El juez de instrucción número 6 de Granada, Miguel Ángel del Arco Torres, se hace esta pregunta en un auto al que ha tenido acceso ABC. En él ratifica la imputación del jefe del Área de Urbanismo de la localidad granadina de Armilla por instruir el expediente de construcción de una rotonda sin licencia ni consignación presupuestaria. A partir de esta irregularidad, que ha desembocado en un cruce de denuncias entre el PP y el PSOE y en la imputación del actual alcalde de Armilla, el socialista Gerardo Sánchez, el magistrado cuestiona los métodos que utilizan los gobiernos de los ayuntamientos para situar en puestos clave (jefaturas de área y de servicios) a «funcionarios afines» que se limitan a cumplir órdenes, dando pie, como es éste el caso, a un «auténtico despropósito administrativo», según expone en la resolución judicial.
El magistrado responde de forma contundente a la citada pregunta: «Si se necesita un funcionario dócil y afín, y sólo se exige, por ejemplo, pertenecer al grupo A para cubrir una jefatura de servicio, es fácil buscarlo entre las filas de un propio partido». «Si no hace los informes que le piden o si los hace en sentido diferente a como se espera, o si no hace la vista gorda, se le puede aplicar manu militari el artículo 58.1 del mismo Reglamento», es decir, su cese, afirma aludiendo al Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración del Estado.
El juez instructor califica de «diabólico» el sistema de provisión de puestos mediante libre designación. «Si el funcionario no es afín, la comisión de servicios no se renovará por otro año más» y reclama «nuevas leyes o reglamentos que impidan estos abusos», tras recordar que la Constitución trata de evitar estas situaciones exigiendo que «el acceso a la función pública se produzca de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad».
Del Arco hace esta reflexión en un auto de 32 páginas por el que rechaza el recurso interpuesto por R.P.C., jefe del Área de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Armilla contra su imputación en la causa abierta por la adjudicación presuntamente irregular de las obras en la rotonda de circunvalación de Armilla.
El origen de la investigación
La denuncia se remonta a la etapa en que Antonio Ayllón (PP) gobernaba el municipio. El exalcalde popular acusó a su antecesor de hacer pasar por obras de embellecimiento y jardinería unos trabajos que en realidad tuvieron mucho mayor alcance, lo que le permitió saltarse todo el procedimiento administrativo para ponerlas en manos de la empresa municipal mixta Armigesa, participada en un 51 por ciento por FCC y en un 49 por ciento por el Ayuntamiento de la localidad, que se encargaba, entre otros trabajos, de la jardinería de Armilla y que preside el propio alcalde. Las obras en la rotonda, ubicada frente al Parque Albán en una de las entradas al municipio desde la autovía, costaron 276.259 euros.
Para el funcionario que instruyó el expediente de obras de embellecimiento de la rotonda, «ni había necesidad de un proyecto ni necesidad de informe técnico y jurídico». Tampoco cree necesaria licencia alguna.
En su auto el magistrado desmonta uno a uno los argumentos del funcionario instructor del expediente durante su anterior declaración como testigo. Del Arco expone que «se decide de forma unilateral la realización de una obra y su financiación; sin constar su precio; no hay ningún tipo de documentación pública ni privada en las relaciones mercantiles de Armigesa y el Ayuntamiento de Armilla», en un nuevo caso de conexiones entre empresas y cargos públicos. Bastó con «la palabra de su alcalde y del gerente», afirma en su resolución. Del Arco atribuye al alcalde un posible delito continuado de prevaricación, otro de tráfico de influencias y otro de malversación de caudales públicos.
Guerra política y moción de censura
El juez también rechaza la «instrumentalización política» de la denuncia penal, dentro de la pugna que mantienen el PSOE y el PP por este asunto. La situación municipal está muy enconada. Hay que recordar que Sánchez recuperó la Alcaldía de esta próspera localidad, situada a 55 kilómetros de Granada, en enero de 2013 después de que el Pleno municipal aprobara una moción de censura contra Ayllón que promovieron nueve concejales del PSOE, el de IU y el edil José Luis Castillo, del partido IDEA.
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