Los interinos, en pie de guerra contra la Junta por su sueldo

Unas 300 personas se han concentrado, convocadas por el sindicato ASP-F Ustea, ante el Parlamento de Andalucía para exigir «la no discriminación salarial de los funcionarios interinos y de los laborales temporales de la Administración General de la Junta de Andalucía», ya que lamentan que «serán los únicos empleados públicos que mantienen la merma salarial».

Fuentes de Ustea han resaltado a Europa Press que la concentración se ha desarrollado sin incidentes. Considera que se trata de «una medida injusta, ofensiva e indigna de un gobierno de izquierdas, que discrimina a los trabajadores en precario».

Ya a finales de mes, este sindicato criticaba que la Junta de Andalucía «discriminaba» a los funcionarios interinos y personal laboral temporal de la Administración General de la Junta de Andalucía al ser «los únicos excluidos de la restitución de los complementos autonómicos de la paga extra que ha prometido y contempla la Junta en su presupuesto para 2015».

Fuentes de Ustea indicaban entonces a Europa Press que en el proyecto de Ley de Presupuestos para 2015 se incluye, en relación con los empleados públicos, la restitución de los complementos autonómicos de la paga extra, su equivalente del cinco por ciento en las empresas públicas y en la Universidad y además al personal eventual no fijo del SAS se le restablece el cien por cien del salario y jornada laboral.

Ha lamentado que «únicamente se excluye de esta medida a los funcionarios interinos y personal laboral temporal de la Administración General de la Junta de Andalucía, quedando discriminados con respecto al resto de las administraciones públicas de la Junta de Andalucía, del resto de las comunidades autónomas y del Estado».

Ustea considera que «es un agravio comparativo con todas las demás administraciones, tanto a nivel andaluz -educación, sanidad, justicia, administración local-, como estatal, puesto que quedaría como la única administración en todo el territorio español a la que se le seguirían aplicando estas deducciones, contrarias al Derecho Comunitario, por cuanto infringe la Directiva 1999/70/CE del Consejo, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la Unice y el CEEP sobre trabajo de duración determinada».

El sindicato además aseguraba que «como medida de ahorro, es mínima la incidencia de esta reducción en el Presupuesto de la Junta de Andalucía, puesto que el número de trabajadores a quienes afecta es reducido y además pertenecen mayoritariamente a los subgrupos C1 y C2, que, según se expresa en el cuadro adjunto, no llegan a completar unas retribuciones líquidas de 1.000 euros; pero, en cambio sí afecta a la unidad familiar de estas personas que ven mermado su nivel de vida».