La Junta sólo ha recuperado el 0,1% del dinero defraudado en los ERE

La recuperación del dinero perdido en las redes de corrupción se le está atragantando al Gobierno andaluz. En el proceso de los ERE fraudulentos, que estalló hace cuatro años, sólo han sido devueltos «en periodo voluntario 1,2 millones de euros», según informó el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, el pasado 4 de septiembre en el Parlamento andaluz. Desde entonces hasta ahora la cifra permanece inalterable. El 14 de octubre, el consejero se remitió a la citada comparecencia cuando el diputado autonómico del PP Rafael Salas le preguntó por escrito a cuánto asciende el dinero recuperado «tras las gestiones administrativas y judiciales llevadas a cabo por el Gobierno andaluz en relación a las ayudas concedidas al amparo del programa (presupuestario) 31L».

El parlamentario popular solicitó también que le especificara de forma individualizada la procedencia del dinero entregado que ha realizado el camino inverso, pero Sánchez Maldonado rehusó hacerlo, meses después de que la Junta impulsara una Ley de Transparencia que obliga a las Administraciones y a todas las entidades que gestionan o que se financian con fondos públicos a rendir cuentas ante los ciudadanos.

El montante retornado a las arcas públicas representa un 0,14 por ciento del dinero desviado, una gota en el océano de los 855 millones de euros que «habría supuesto la ilegal aplicación de fondos públicos» en el proceso de los ERE falsos, según la exposición razonada que la juez Mercedes Alaya envió al Tribunal Supremo el pasado mes de agosto para que determinara la implicación de dos expresidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y de siete exconsejeros, entre ellos Gaspar Zarrías y Mar Moreno.

Sin embargo, la Consejería de Economía sólo ha tramitado reintegros por un volumen total de 71 millones de euros correspondientes a empresas y ayuntamientos que recibieron irregularmente los fondos. Sólo 1,2 millones se han recuperado porque los beneficiarios de ayudas decidieron de motu proprio reembolsarlos. Otros 22 millones de euros se hallan en fase de «providencia de apremio», mientras que 24 millones de euros «se encuentran suspendidos o paralizados cautelarmente en los juzgados», según detalló el consejero en la Cámara.

En el caso de supuesta malversación de fondos públicos de la empresa pública de capital riesgo Invercaria también pintan bastos para las cuentas autonómicas: de los 36,1 millones de euros que la Junta de Andalucía ha invertido desde abril de 2005 (cuando constituyó la sociedad) en el capital social de decenas de compañías, muchas de ellas ruinosas, «han sido desinvertidos 10,7 millones de euros, entre principal, intereses y plusvalías», según informó el consejero en otra respuesta parlamentaria sobre el dinero recuperado en Invercaria que le planteó el PP. El resto del dinero enterrado en operaciones de alto riesgo es una incógnita: 14,1 millones «se encuentran en procedimiento de concurso de acreedores o liquidación» -lo que complica su devolución-; otros 10,8 millones están inmersos en «un procedimiento contencioso de ejecución de préstamo o por derivación de responsabilidad a los consejeros o socios promotores de la compañía», según expone el consejero. Restan 4,7 millones, aún «pendientes de desinversión en empresas vivas».