La Junta revisa su ley de memoria histórica y suaviza el tono

La Ley de Memoria Democrática que ha preparado Izquierda Unida será, finalmente, más conciliadora que la inicialmente prevista, siguiendo así las recomendaciones presentadas por el Consejo Consultivo de Andalucía y, sobre todo, por la Comisión General de Viceconsejeros en la que están presentes todos los departamentos del Gobierno andaluz.

Si no cambia radicalmente el escenario político, el Consejo de Gobierno aprobará hoy el texto definitivo de la Ley con varios cambios sustanciales. En primer lugar, se ha suprimido todo indicio de revanchismo histórico eliminando la petición de nulidad de todas las sentencias del franquismo que tendría que haber solicitado el Gobierno andaluz de mantenerse el anteproyecto de ley. Un capítulo en el que se incluye la propia sentencia a Blas Infante; todavía sin anular y que se dejará al margen de esta normativa.

Desde un punto de vista ideológico, la principal novedad es que se elimina la palabra «represión», las víctimas lo serán a secas, sin entrar en mayores valoraciones, en el mismo sentido que se ha eliminado el calificativo «masivo» al referirse a las violaciones de los derechos humanos que se produjeron en España durante la Guerra Civil y el franquismo.

También se ha eliminado el concepto desaparición forzada y a las víctimas se las identifica teniendo en cuenta criterios de la legislación internacional, concretamente al Informe Relator Especial elaborado por los organismos internacionales, así como a la legislación sobre la calificación de los crímenes contra la humanidad.

La nueva normativa que deberá aprobar el Parlamento también acota el espacio territorial; a partir de que entre en vigor no se podrá buscar a las víctimas ni perseguir los atentados contra los Derechos Humanos en cualquier ámbito territorial, lo que abría la puerta a investigaciones de causa general en otros países, sobre todo Latinoamericanos.

El anunciado censo de víctimas sí que se pondrá en marcha pero será necesario el consentimiento expreso para incluir a alguien en el mismo, de la misma manera que se pondrá en marcha un inventario de fosas. La inclusión de un terreno en el mismo supondrá la inmediata suspensión cautelar de las obras y de todas las licencias municipales por el plazo de dos meses, hasta que se aclare si tiene o no valor histórico.