El sector náutico se moviliza contra el decreto de tasas de la Junta

El decreto de la Junta de Andalucía sobre las tasas portuarias supone un «fraude» para los usuarios, tiene tintes de «inconstitucionalidad» y pone «en riesgo» la viabilidad del sector por mantener unos precios «excesivos». Esa es la opinión que sostienen la Asociación de Marinas de Andalucía y la Asociación de Clubes Náuticos de Andalucía, dos colectivos que han unido sus voces para denunciar el contenido de un texto que modificó el régimen jurídico y económico de los puertos de la Comunidad.

El decreto fue convalidado por el Parlamento el pasado mes de diciembre, con el objetivo de poner al día la normativa en materia tributaria, y después de que el Tribunal Supremo anulara una anterior subida de tasas. En opinión del sector náutico, la nueva norma «continúa siendo un fraude». Las tasas, resaltan, son «excesivas»; y a la hora de cobrar los alquileres de los amarres no se distingue entre los puertos de titularidad pública o privada.

Según un comunicado conjunto de los dos colectivos profesionales, el decreto «sólo obedece a la intención de incumplir lo resuelto por el Tribunal Supremo en la sentencia del 3 de julio de 2014, en la que se recuerda la obligatoriedad de elaborar una memoria económico-financiera durante la tramitación del expediente de aprobación de la norma reguladora de las tasas portuarias».

El sector afirma además que el referido texto legal «introduce, encubierto, una serie de modificaciones en la tasa de ocupación, tasa de aprovechamiento y tasa T-5 a embarcaciones deportivas y de recreo, que repercuten de forma muy negativa en la viabilidad futura de las explotaciones portuarias concesionadas por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía», dependiente de la Consejería de Fomento.

Asimismo, destacan las «enormes diferencias de importes» entre las concesiones gestionadas por la Junta y las de titularidad estatal. Las primeras «pueden superar en un 400 por ciento» a las segundas, subrayan.

Asimismo, hacen referencia a las «continuas subidas de importes de tasas portuarias que gravan a las concesiones administrativas», mientras que la propia Agencia «viene introduciendo, vía Ley de Presupuestos, coeficientes reductores de tasas para los puertos directamente gestionados por ella». Ello genera, insisten, «una competencia con tintes claramente desleales que perjudican una vez más a nuestro sector, convirtiéndose en ‘juez y parte’, contraviniendo de esta manera la normativa europea».