Los tres frentes judiciales que cercan al PSOE andaluz

Desde hace cuatro años, cuando estalló el caso de los ERE fraudulentos, la vida política de Andalucía gira en torno a dos ejes separados por 500 metros: el Palacio de San Telmo (la sede de la Presidencia de la Junta) y los juzgados de El Prado de San Sebastián, en la capital sevillana, donde tiene su despacho la juez Mercedes Alaya. La implicación de nueve cargos aforados que han sido señalados por la juez ha multiplicado los frentes que acechan a la presidenta, la socialista Susana Díaz. Hasta tres instancias investigan la gestión de las ayudas al desempleo en la única Autonomía de España que no ha conocido la alternancia política:

Después de tres años y medio de instrucción, recogidos en un sumario de 243 tomos y más de 140.000 folios, la juez Mercedes Alaya envió el pasado agosto al Tribunal Supremo una exposición razonada para inhibirse al encontrar indicios que supuestamente incrimina a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y sus exconsejeros Gaspar Zarrías, José Antonio Viera, Antonio Ávila, Manuel Recio, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo y Mar Moreno. Alaya acusa la anterior cúpula del Gobierno andaluz de diseñar un sistema para financiar ERE y empresas cercanas al poder burlando la ley. La mayor macrocausa de la historia contra la corrupción en España suma 229 imputados. Desde el pasado verano, Alaya también investiga un fraude en las ayudas a la formación para desempleados y trabajadores concedidas por la Junta.

Concluida la instrucción de Alaya, a pesar de los recursos, ataques y obstáculos que puso en su camino el Ejecutivo andaluz, el sumario llegó el Tribunal Supremo, que investiga a Chaves, Viera y Zarrías (como diputados) y a Griñán y Moreno (senadores). La Sala de lo Penal del Supremo, en un auto del 21 de enero, donde acepta que el PP se persone como acusación, ya cataloga a los diputados y senadores como «imputados», sin detallar los delitos. A este clavo ardiendo se aferró ayer Díaz para aclarar que si son imputados «dejarán el escaño», tras matizar que esa circunstancia aún «no ha pasado».

El Supremo derivó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la investigación del resto de aforados, que son diputados autonómicos. Para asegurarse de que no perdieran el fuero y que Alaya no los citara durante la campaña, Díaz los incluyó el mismo día que se firmó el adelanto electoral en la Diputación Permanente de la Cámara autonómica.