El Tribunal de Cuentas responsabiliza a Guerrero y Márquez de la parte contable de los ERE

El Tribunal de cuentas ha dejado a los exconsejeros andaluces de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez y José Antonio Griñán fuera de la responsabilidad contable por las irregularidades en la aplicación y gestión de los fondos de subvenciones gestionadas por la Junta de Andalucía entre 2001-2009. Su investigación se centra en la actuación de los directores generales competentes.

Así se señala en el acta de liquidación provisional notificada este martes por el órgano de fiscalización contable, a la que ha tenido acceso Europa Press, derivada de una denuncia interpuesta en mayo de 2001 por el que fuera secretario regional del PP en Andalucía y actual delegado del Gobierno en dicho territorio, Antonio Sanz Cabello, en relación con la existencia de presuntas irregularidades en la aplicación de las ayudas gestionadas por el Gobierno autonómico.

El acta precisa que los responsables contables son los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y deja fuera a otros altos cargos contra los que se dirigía la denuncia del PP que son el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y al exdelegado provincial de esta Consejería en Sevilla Antonio Rivas.

En su resolución, el Tribunal de Cuentas constata una «referencia nominal y reiterada» por parte de Sanz en su denuncia de los que fueran consejeros de Economía Magdalena Álvarez y José Antonio Griñán, cuya intervención en el procedimiento se desprendería según éste de la firma de distintas órdenes y publicación de actos administrativos en los boletines oficiales de la comunidad autónoma.

A este respecto, el tribunal precisa que lo referido la naturaleza de la responsabilidad contable de los hechos denunciados «y su ámbito subjetivo» se centra en la actuación de los directores generales de Empleo y Seguridad Social en funciones durante el periodo examinado «y con competencia en la gestión económica de dichos fondos». Esta precisión exonera de responsabilidad contable alguna a los consejeros citados en la denuncia, según han explicado a Europa Press fuentes de la defensa.

Concretamente, el Tribunal de Cuentas señala que el «presunto alcance» de las irregularidades asciende a un total de 64,362 millones de euros, de la que 5,484 millones corresponden a intereses.