Las fiscalías presentan denuncias penales por la gestión de consorcios de la Junta

La Fiscalías Provinciales de Almería y Granada han sido las primeras en interponer denuncias penales ante el juzgado competente en el caso de las posibles irregularidades en la gestión de las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt), según anunció ayer el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), que meses atrás solicitó al fiscal superior de Andalucía que investigara las posibles irregularidades recogidas en un informe de la Cámara de Cuentas sobre las ayudas de la Junta a los citados consorcios, por más de 57 millones de euros. Los Utdlt estaban detinados a fomentar el empleo local, en colaboración con los ayuntamientos, y fueron disueltos por la Junta durante el proceso de reordenación de la Administración.

La decisión de la denuncia por parte del fiscal jefe almeriense, informó el SAF en un comunicado, está fundamentada en que «los hechos pueden ser constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos de los artículos 432 y ss. del Código Penal».

La Fiscalía Provincial de Granada dicta un decreto más extenso que en el caso de Almería en el que resuelve formular denuncia penal «por si los hechos pudieran constituir delitos de malversación de caudales públicos» y añade considerar un posible «delito de fraude o prevaricación administrativa».

Durante los años 2010, 2011 y 2012 el SAE concedió ayudas por un valor de 57.340.676 euros a 95 consorcios Utedlt, operativos desde 2002. A este respecto, la Cámara de Cuentas de Andalucía recoge en el Informe de Fiscalización OE 3/2012, al igual que la Unidad Adscrita de Policía Judicial, la opacidad en la finalidad de las subvenciones y las irregularidades en los procesos de selección de personal y en el uso de herramientas de control, así como advirtió sobre posibles indicios generadores de responsabilidad penal, apunta el SAF.

SAF apoya la decisión de las Fiscalías de seguir adelante, ya que considera fundamental que la Justicia «investigue en profundidad estas posibles irregularidades en la gestión de millones de euros de las arcas públicas y se depuren responsabilidades si fuera necesario».