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La juez Mercedes Alaya, a contracorriente en su futuro destino en la Audiencia de Sevilla

Los que serán sus compañeros son progresistas y le han corregido numerosos autos o la han acusado conculcar derechos

La juez Mercedes Alaya, a contracorriente en su futuro destino en la Audiencia de Sevilla raúl doblado

mercees benítez

Aunque la sala de la Audiencia de Sevilla a la que irá destinada la juez Mercedes Alaya fue la «segunda opción» que puso la magistrada en su lista de preferencias para su traslado, a nadie se le oculta que la sección VII es una sala de corte progresista. Porque entre ellos está el portavoz en Sevilla de Jueces para la Democracia, Juan Romeo, y porque el presidente de la sección, Javier González, también pertenece a la misma asociación de jueces.

Pero también porque se trata de la sala que ha resuelto decenas y decenas de recursos del Caso ERE y que le ha dado algunos «revolcones» a sus autos. La ha obligado a rectificar algunos y le ha dado importantes varapalos.

Uno de los más sonoros fue el que le dio con la exconsejera de Hacienda y exministra de Fomento, Magdalena Alvarez. En este caso no fue uno sino dos. Primero, en octubre de 2013 anuló parcialmente la imputación de ésta y le obligó a citarla de nuevo a declarar para concretarle las imputaciones. Luego, en octubre de 2014, le anuló la fianza de más de 29 millones de euros que le había impuesto.

También fue sonoro el que se produjo en diciembre de 2013 anulando el famoso auto de diciembre en el que por primera vez señalaba a Griñán y Chaves como preimputados junto a otros exconsejeros socialistas también aforados: Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Manuel Recio, Francisco Vallejo y José Antonio Viera.

Otro ejemplo se produjo en junio del año pasado cuando le ordenó «la entrega inmediata de todas las declaraciones» que tenía la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y de numerosas personas que habían declarado accediendo a las tesis de las defensas que la habían acusado de ocultar pruebas. Los nuevos «compañeros» de Alaya la acusaron en esa ocasión de «conculcar el derecho a la defensa».

O el que tuvo lugar en enero de 2014 cuando la sala ordenó a Alaya que impusiera fianzas de responsabilidad civil al exinterventor general de la Junta, Manuel Gómez Martínez o una de las funcionarias clave en el caso. Son solo algunos ejemplos de resoluciones de los compañeros con los que Alaya tendrá que compartir despacho en unos meses.

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