El palacio de San Telmo
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Tres grabaciones que desenmascaran el clientelismo de la Junta de Andalucía

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Investigaciones, registros, autos de imputación, archivadores repletos de expedientes, armarios blindados con las actas del Gobierno, declaraciones de testigos clave... En el goteo de descubrimientos (el muestrario es inagotable) que ha deparado la larga instrucción judicial de los escándalos que han zamarreado la arquitectura del poder autonómico más sólida de España (Mercasevilla, ERE, facturas falsas de UGT, fraude de formación, Invercaria), no se encuentra un testimonio que iguale a la certeza clamorosa de tres cintas de audio.

La grabación que dio origen al caso Mercasevilla y apuntaba ya la trama de los ERE trucados y el fraude de la formación; las cintas en las que se oye a la presidenta de Invercaria presionar a sus subordinados para justificar fondos públicos invertidos sin control, y el archivo sonoro que muestra a una delegada de Empleo conminando a sus subordinados a buscar el voto socialista «como los Testigos de Jehová» en las elecciones autonómicas de 2012, ponen al descubierto de forma descarnada cómo funcionaban las redes clientelares que han sostenido durante treinta y tres años al monopolio de poder socialista en Andalucía.

Este material en bruto, con la retórica burda y desahogada que utilizan aquellos que se creen impunes, constituye un auténtico prontuario para descifrar los códigos ocultos de la corrupción. Porque en las citadas cintas, incorporadas como pruebas en los procesos judiciales, prácticamente no falta ni un supuesto delictivo: compra de voluntades con dinero público, red de favores, prácticas administrativas viciadas, utilización de las subvenciones para amarrar votos, para acolchar el clientelismo, para alimentar la dependencia económica en la región con más parados per cápita de Europa.

La hegemonía territorial más larga desde la Transición (que acaba de salir airosa, por décima vez, del juicio de las urnas) difícilmente puede explicarse sin los tejemanejes y amenazas que se intuyen en las declaraciones grabadas con micrófono oculto -cuando no hay que guardar las apariencias- a altos cargos autonómicos y exdirectivos de la lonja municipal Mercasevilla. Frases lapidarias, convertidas en sórdidos lemas de todo un sistema político con atmósfera de régimen, que imitan a los mejores guiones de Rafael Azcona y Luis García Berlanga. Sus voces quedaron registradas con un magnetófono o un móvil de última generación como siniestras psicofonías de la corrupción. En ellas se oía a la entonces presidenta de la sociedad de capital riesgo de la Junta, Laura Gómiz (imputada en el caso de malversación pública de Invercaria), instar a sus subordinados a echar mano de la imaginación para montar expedientes con los que justificar a posteriori inversiones fallidas con fondos públicos: «¿Y si no hay nada [plan de inversión] se inventa».

«Si no ganamos las elecciones, vosotros no vais a seguir trabajando en la Junta de Andalucía», proclama con desenvuelta naturalidad la delegada de Empleo de la Junta en Jaén entre 2009 y 2012, Irene Sabalete (detenida e imputada en el fraude de la formación), en vísperas de la campaña electoral de 2012, cuando todas las encuestas pronosticaban el fin de la eterna supremacía del PSOE. Por su parte, Daniel Ponce, uno de los gestores del mercado mayorista de Sevilla, retrata toda una época en una máxima premonitoria de las tramas que la juez Mercedes Alaya ha ido desenredando en su tenaz búsqueda de los responsables últimos del saqueo: «La Junta tiene normalmente un esquema de funcionamiento muy simple: yo colaboro con quien colabora».

De los tres archivos de audio, el más valioso para la investigación es la grabación de Mercasevilla, cuya transcripción publicó en exclusiva ABC el 22 de abril de 2009. Reproduce el intento de extorsión del director y el subdirector de Mercasevilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce, respectivamente (militantes del PSOE), a unos empresarios sevillanos a los que exigieron 450.000 euros como contrapartida por una subvención de 900.000 euros de la Junta para montar una escuela de hostelería. Toda la conversación fue grabada el 26 de enero de 2009 por dos empresarios del grupo La Raza que entregaron la cinta al gabinete del presidente de la Junta, entonces Manuel Chaves, quien en lugar de denunciar el caso en el juzgado, depositó el explosivo material en bruto ante la Fiscalía, sin denuncia de por medio.

La grabación encierra las claves de las irregularidades que se conocieron años después. En ella sale por primera vez a relucir un nombre que a priori pasó inadvertido, Juan Lanzas, el «conseguidor» de los ERE, y se intuye una trama de favores vinculada a la formación. «Si la ciudadanía de a pie supiera todas estas cosas, la realidad política de todos los partidos, de cómo se mueven, habría un golpe de estado ciudadano», sentenciaba Mellet en la cinta. No sabía lo equivocado que estaba.