La Junta recolocó en una empresa pública a 21 mineros tras pagar su prejubilación

La Junta de Andalucía financió las prejubilaciones de 21 trabajadores de la Faja Pirítica de Huelva con cargo a la partida 31L (el fondo de los ERE) y luego los contrató a través de la Empresa de Gestión Medioambiental de Andalucía (Egmasa), un organismo perteneciente a su administración paralela . Ésta es una de las conclusiones más sorprendentes que recoge un informe elaborado por el equipo de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Huelva, que llegó el pasado 19 de marzo a la mesa de la juez instructora del caso ERE, Mercedes Alaya .

En un atestado de 73 páginas que refiere las «innumerables irregularidades» detectadas , los agentes concluyen «sin género de dudas» la existencia de incompatibilidad entre los receptores de fondos para prejubilarse y otras ayudas. «Carecería de lógica —subrayan— prejubilar a un individuo y a su vez recolocarlo en otro trabajo o asignarle una ayuda directa que facilite su reinserción laboral, reinserción que se ha descartado por motivos de edad y especialidad laboral».

Pero este detalle no supuso ningún impedimento para que la Junta llegara a un acuerdo con Comisiones Obreras y UGT con el objetivo de recolocar a 21 empleados que habían recibido fondos públicos para prejubilarse. Algunos de ellos ni siquiera habían cumplido los 50 años, la edad límite para tener derecho a prejubilarse, según especifica la Guardia Civil. Veinte de ellos se incluyeron en un ERE de la empresa Bolsa de Tharsis y otro en el de Insersa, un proveedor de infraestructuras mineras donde se coló también como intruso al exfutbolista de Jerez Antonio Vega «Veguita» , ya fallecido.

El montante de las pólizas que habrían percibido gracias a las subvenciones autonómicas superó los 2,2 millones de euros , según el listado de las primas gestionadas por la Asociación Faja Pirítica de Huelva, creada en 2003. En su junta directiva figuraban como presidente Manuel Pastrana (exsecretario general de UGT en Andalucía) y su homólogo regional en CC.OO., Francisco Carbonero , en calidad de vicepresidente.

Para buscar salida a otros diez trabajadores que no podían acceder a una prejubilación, la Junta de Andalucía pactó con los sindicatos el 29 de abril de 2003 una línea de ayudas sociales o un plan de recolocación ocupacional en trabajos de regeneración del medio ambiente. Los agentes deducen que ambas medidas eran incompatibles. Así lo confirma Antonio Luis D. G., un asesor del IFA (actual IDEA), la agencia que pagaba los ERE .

El anillo minero de Huelva se convirtió en uno de los principales polos de ilegalidad de la trama de las prejubilaciones trucadas, como avanzó ABC en febrero de 2011, a pocas semanas de que la juez iniciara una larga investigación que ha llevado, por ahora, a dos expresidentes de la Junta a declarar como imputados en el Supremo.

A finales de abril de 2003, los sindicatos y la Consejería de Empleo firmaron un protocolo de colaboración , posterior a un acuerdo marco suscrito también por la Administración central, que facilitó 138 millones de euros para prejubilar a 1.169 personas . La Guardia Civil estima que más de 330 incumplían los requisitos para recibir ayudas vinculadas al fondo de los ERE.