Casi la mitad de los municipios andaluces se apuntan a regularizar viviendas ilegales

Los cálculos más conservadores apuntan que pueden ser unas 300.000 las viviendas ilegales que en los últimos años se han construido en Andalucía por carecer de licencia urbanística y/o por haberse levantado en terrenos no urbanizables, de especial protección, en parcelaciones, en zonas inundables, etc. El penúltimo intento del Gobierno andaluz por solventar esta problemática y regularizar el mayor número de casas posibles data de enero de 2012, a través del decreto que ponía en manos de los ayuntamientos el trabajo preliminar de identificación de los inmuebles y de aprobar los trámites de carácter burocrático. Esta primera fase ya la han superado 343 localidades, lo que supone el 44 por ciento del total de municipios andaluces que están, por tanto, en condiciones de culminar el proceso.

Así lo ha puesto de manifiesto la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en un informe remitido a ABC. El departamento que dirige en funciones la consejera María Jesús Serrano señala que el desarrollo del Decreto 2/2012 de 10 de enero se encuentra en una primera fase de tramitación, y añade que son los municipios los que tienen que poner en marcha el proceso, por iniciativa de los ayuntamientos o a petición de los interesados para que el resto de la norma se pueda aplicar.

Según la Consejería, para que el decreto despliegue todos sus efectos, los municipios tienen que definir qué viviendas irregulares se encuadran en los asentamientos urbanísticos, con qué hábitats diseminados cuentan y, por último, cuáles son las edificaciones aisladas «cuya reconducción debe venir de la mano de la declaración de asimilado a fuera de ordenación (AFO)».

De momento, un total de 343 localidades (el 44 por ciento de todas las de Andalucía) ya han superado esta primera fase y están, por tanto, en condiciones de que el decreto se haga efectivo sobre el conjunto de las diversas modalidades de construcciones o edificaciones existentes en sus territorios.

Por su parte, la vicesecretaria de Organización del PP-A, Patricia Navarro, ha calificado de «parches» las medidas auspiciadas por la Junta para la regularización de viviendas ilegales. Apunta que una gran mayoría de los afectados son ciudadanos extranje ros que construyeron o adquirieron su casa de buena fe y sobre los que pende la amenaza de un derribo inminente.

Para solventar esta problemática definitivamente el Grupo Popular propone una Ley de Segunda Oportunidad, de la que estarían excluidas las viviendas levantadas en espacios especialmente protegidos. «Lo que quieren los propietarios es que les digan que su vivienda es legal y que no se deben preocupar porque no la van a echar abajo», destacó. Para Patricia Navarro, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, debe «dejar de mercadear políticamente con estas familias, porque al final volvemos siempre a lo mismo, a los parches, a los parchecitos».