fraude en la formación
Un jefe imputado dice que avisó a sus superiores de justificaciones pendientes
El jefe de servicio de Formación en Granada entre el 2007 y el 2011, Magín Bolívar, ha declarado hoy como imputado ante la juez Mercedes Alaya y ha asegurado que avisó a sus superiores del volumen importante de justificaciones pendientes de cursos y subvenciones, aunque no tuvo éxito en sus gestiones.
Tras esa contestación, la juez Alaya le ha recordado al funcionario que en diciembre del 2012, en la Delegación de Granada había casi 44 millones de euros pendientes de justificar , según el acta de la declaración del jefe, a la que ha tenido acceso Efe.
El jefe de servicio, imputado por malversación de caudales públicos, ha dicho que propuso la creación de una unidad de control externo de la gestión económica porque se gestionaban «muchos millones de euros en el servicio», tras lo cual se crearon plazas de trabajo hasta disponer de unas quince personas.
Sin embargo, ha asegurado que notó en sus superiores «una falta de atención sobre las inquietudes» que mostraba «muy frecuentemente» respecto al volumen de justificaciones pendientes de cursos y subvenciones, pero ha lamentado que «nunca recibía una respuesta específica».
También ha subrayado que advirtió a sus superiores del «cuidado» que se debía tener en las acciones formativas con compromiso de contratación, porque ha indicado que algunas entidades que recibían subvenciones luego desaparecían .
Respecto a las resoluciones de exoneración, ha dicho que desde su jefatura de servicio se limitaba a mandar el listado de peticiones a la Dirección General a instancias de esta última, y ha precisado que la remisión de ese listado se hacía sin comunicar ninguna razón.
El jefe de servicio de Granada ha admitido, con la información posterior que ha tenido sobre la gestión de los cursos, «laxitud» por parte de sus superiores y ha reconocido que «le daba que pensar la relación tan estrecha » entre el jefe del departamento de Gestión Económica y las entidades con las que trabajaba, aunque ha matizado que nunca le dio un motivo real de desconfianza.
En su declaración, ha calificado como «bastante laxa» la legislación en cuanto a la actividad formativa porque permite que un individuo constituya una empresa, dar una acción formativa, luego constituir una entidad sin ánimo de lucro, recibir otra subvención para acción formativa y subcontratarla con la Administración.
A preguntas de los abogados defensores, el jefe de servicio de Granada ha dicho que no recibió de sus superiores orden o directriz para ocultar irregularidades o incumplimientos normativos, y ha indicado que no presentó denuncia alguna de nadie del departamento porque no conoció ningún incumplimiento.
Antes de esta declaración, hoy han comparecido ante Alaya los jefes de servicio de Cádiz, Antonio Juan Vidal Agarrado; de Huelva, José Angel Gil, y de Jaén, José Luis Valentín, todos los cuales se han acogido a su derecho a no declarar.
La ronda de declaraciones de los diez jefes de servicio imputados seguirá este jueves con la de Granada entre 2011 y 2013, María Noelia García, y la de Málaga, María Isabel Almendros, y cerrarán las comparecencias el viernes 12 de junio Manuel Gavilán, de Córdoba, y Daniel Fito, de Sevilla.
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