La juez Núñez planea dejar a Alaya con las «migajas» del caso ERE

El 25 de junio fue una jornada especial para Mercedes Alaya. Por primera vez vio refrendadas las tesis que había defendido durante cuatro años sorteando presiones de todo tipo y hasta escraches en la puerta de los juzgados. El auto más trascendental de su carrera no lo firmó ella, sino el instructor del caso ERE en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro , que inculpó de manera formal a la antigua cúpula de la Junta de Andalucía (Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Gaspar Zarrías y José Antonio Viera) en el «gran fraude» de las prejubilaciones trucadas.

Pero ahí acaban las buenas noticias para la juez que hacía temblar con sus autos al «establishment» socialista andaluz. Con el plácet de la Fiscalía Anticorrupción , su sustituta al frente del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños , planea dar un golpe de mano que termine apartando a su antecesora de la investigación de la rama política de la trama de corrupción que más convulsiones ha causado en el partido que gobierna la Autonomía desde hace 33 años.

A la semana de llegar al despacho, la juez inició el trámite para seccionar la causa de los ERE fraudulentos, en contra del criterio que Alaya ha mantenido durante la instrucción. Núñez dio cinco días (un plazo ya vencido) a las partes para que se pronunciaran sobre la solicitud de Anticorrupción de trocearlo en tres grandes bloques : uno dedicado a las sobrecomisiones pagadas a mediadores, otro sobre el diseño político-financiero del «fondo de reptiles», y una tercera rama centrada en las más de 200 subvenciones irregulares que la Consejería de Empleo concedió a empresas entre 2001 y 2010.

En los juzgados pocos dudan de que dividirá el caso y se reservará para sí el bloque relativo a las transferencias de financiación utilizadas para pagar subvenciones a espaldas de la Intervención de la Junta, un procedimiento «ilegal» que llevó a Barreiro a ratificar la imputación de los expresidentes. Es la parte más delicada de la investigación, porque afecta directamente a Chaves, Griñán y a sus exconsejeros . A la hora de repartir las tareas, Núñez, que tiene amistad con el consejero de Justicia, el fiscal Emilio de Llera , dejaría a su antecesora los más de 200 expedientes sobre empresas. En el caso de que el Supremo devolviera al juzgado el procedimiento iniciado contra los aforados cuando en otoño se disuelvan Las Cortes, los ex mandatarios de la Junta se librarían así de sentarse a declarar ante la juez que se enfrentó al sistema andaluz.