Los alcaldes andaluces denuncian que no pueden soportar las deudas de la Junta

Los alcaldes han dicho basta. No pueden seguir soportando la actual situación económica marcada por los impagos de la Junta de Andalucía a los programas, proyectos y subvenciones que convoca pero cuya financiación tienen que adelantar las arcas municipales. Los ayuntamientos pequeños son los principales perjudicados porque tienen menos margen de tesorería y por eso han levantado la voz los regidores del PP e Izquierda Unida , mientras que los del PSOE mantienen un forzado silencio público aunque no son tan cautelosos en privado.

Los de las nuevas fuerzas políticas, Podemos y Ciudadanos , están aterrizando todavía y muchos no conocen exactamente los datos de su tesorería o de los compromisos inminentes de pago.

El último dato oficial reconocido por el Gobierno andaluz de deuda con los ayuntamientos asciende a 279 millones de euros, pero la cifra fluctúa ya que aquí se incluye deuda tributaria —sobre todo el IBI que la Junta no paga a los ayuntamientos en los edificios y garajes de su propiedad— el impago de alquileres y, sobre todo, la transferencia de subvenciones comprometidas por el Ejecutivo de Susana Díaz pero que no terminan de llegar. Subvenciones relativas a la dependencia, la atención a los menores o las Oficinas de la Mujer.

La consejera de Hacienda, María Jesús Montero , es plenamente consciente de esta situación y por eso esta pasada semana, a las pocas horas de conocer el encierro de los alcaldes de IU en el Parlamento —todos de pueblos pequeños y todos asegurando que tienen verdaderos problemas para pagar las nóminas de sus trabajadores—, anunciaba que va a adelantar a este mismo mes de julio el abono de 120 millones de euros a las arcas locales. Se trata de una de las principales fuentes de financiación de los ayuntamientos andaluces, la participación en los tributos de la Comunidad Autónoma , denominada por sus siglas, Patrica, que asciende a 480 millones de euros para todo el 2015 y que se abona a través de cuatro partidas trimestrales.

La consejera de Hacienda reconocía el problema: los planes de empleo que muchos alcaldes no han cobrado todavía, «retrasos que se deben a la complejidad de su justificación», están perjudicando el funcionamiento ordinario de los municipios. Y ponen en riesgo la prestación de muchos servicios, añaden los alcaldes.

La discusión entre la Junta y los ayuntamientos por la deuda es un viejo debate pero en este caso es diferente por los planes de empleo que ha puesto en marcha la administración andaluza. Los alcaldes populares y los de Izquierda Unida defienden, curiosamente, la misma tesis: la Junta vende a bombo y platillo programas para crear empleo pero la gestión de los mismos corre a cargo de los ayuntamientos que ni tienen personal para seleccionar, ni dinero para pagar las nóminas de los trabajadores que cobran mes a mes y no cuando el programa ha finalizado.

Ahora mismo, la Junta debe a los municipios 100 millones de euros por el plan Emple@Joven aprobado en abril de 2014, y otros 53 millones de euros del P lan Emple@30+ para el curso 2014/2015. Los municipios han cobrado el 50% de las subvenciones de estos programas y, si quieren cobrar el resto, deben justificar las ayudas antes del 31 de julio con la amenaza de perder el total de la subvención.