La Junta paga el piso al presidente del TSJA, encargado de investigar a los aforados

El presidente del TSJA , el máximo tribunal andaluz y el encargado de investigar a los aforados andaluces, vive desde el año 2010 en un piso que paga la Junta de Andalucía , una información que ha desvelado la web infoLibre y por la que el grupo parlamentario de Podemos ha pedido explicaciones. El Gobierno andaluz decidió en octubre de 2010, cuando José Antonio Griñán era el presidente, incluir al presidente del TSJA, Lorenzo del Río y al fiscal superior de Andalucía, entre los beneficiarios de las ayudas por vivienda que se conceden a los altos cargos de la Junta, ya que se les reconoce la categoría de «máxima autoridad».

Los altos cargos de la administración andaluza tienen derecho a percibir estas ayudas cuando se trasladan, por razón de su trabajo, a más de sesenta kilómetros de su domicilio habitual. Con el cambio aprobado por Griñán , la máxima autoridad judicial de la Comunidad autónoma, al igual que el fiscal superior de Andalucía (a quien no se le paga porque tiene fijada su residencia en Granada donde está la sede institucional del TSJA) se incluyeron entre los mismos.

Así, el magistrado presidente del TSJA empezó a cobrar una ayuda mensual de 1.300 euros para el pago del alquiler de su vivienda sólo dos meses después de haber sido nombrado presidente del alto tribunal andaluz. Lorenzo del Río nació en Jódar (Jaén) y ha sido durante doce años presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz , antes de ser nombrado presidente del TSJA.

La Junta de Andalucía no paga ningún sueldo o complemento a los jueces, porque los magistrados dependen directamente del Ministerio de Justicia , administración encargada de sus emolumentos, como recoge la ley estatal 15/2003. Sí que es responsable la Junta del pago de los funcionarios de Justicia y del mantenimiento de las sedes judiciales.

Es más, hasta la llegada de Lorenzo del Río , ningún presidente del TSJA había recibido compensación o ayudas por viviendas de ningún tipo. La Junta explicó a ABC que se trata de una «indemnización por razón del servicio» y que está fiscalizada mensualmente y se paga con el visto bueno del interventor de la administración andaluza.