Caso ERe
La sustituta de Alaya aún tiene pendiente imponer fianzas civiles a 83 imputados
Anticorrupción reclama las medidas cautelares a un exsecretario general de UGT-A, un hermano de Rodríguez de la Borbolla, dos exalcaldes del PSOE y una monja, entre otros
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez María Núñez Bolaños , que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, que, «a la mayor brevedad y atendiendo preferentemente a la antigüedad de las fechas de sus comparecencias», resuelva su petición e imponga fianzas de responsabilidad civil a un total de 83 imputados que tienen pendiente dicha medida cautelar tras comparecer ante su antecesora, Mercedes Alaya .
En un escrito fechado el 23 de septiembre y al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público solicita a la instructora que resuelva sobre las fianzas civiles solicitadas para 83 imputados, entre ellos el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla , para quien la Fiscalía pidió el 23 de julio de 2014 una fianza civil de 296.000 euros por su papel en relación a las ayudas recibidas por la multinacional del tabaco Altadis.
Los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra solicitan lo anterior «teniendo presente las dimensiones y la complejidad de la presente causa y el alto número de personas imputadas, pero teniendo también presente la necesidad de garantizar en la medida de lo posible la recuperación y/o aseguramiento de los fondos públicos indebidamente dispuestos por los imputados».
Al hilo, recuerda que ya hizo peticiones similares en sendos escritos presentados el 4 de febrero de 2014 y el 5 de noviembre de ese mismo año y solicita a la juez que, «a la mayor brevedad y atendiendo preferentemente a la antigüedad de las fechas de sus comparecencias celebradas tras la declaración en sede judicial », se resuelva «de manera expresa sobre la adopción o no de las cautelas y fianzas interesadas por esta acusación pública a los distintos imputados, con la finalidad de que las mismas, por su tardía imposición , acaso no pierdan su eficacia y virtualidad».
El Ministerio Público recuerda, a continuación, los 83 imputados «respecto de las cuales, tras la celebración de comparecencia», solicitó que se adoptaran medidas cautelares de naturaleza real, «no constando resolución judicial al respecto».
Dos exalcaldes y una religiosa
Entre los 83 imputados, y además de Francisco Fernández Sevilla, se encuentra también el empresario Ángel Rodríguez de la Borbolla , exalcalde socialista de la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla , para quien la Fiscalía pidió en junio del pasado año una fianza civil de 11.182.767 euros.
Asimismo, destaca el caso del exalcalde socialista de Guadalcanal (Sevilla) Carmelo Montero Cabezas , para quien la Fiscalía pidió el pasado mes de mayo una fianza civil de 1.333.000 euros en relación a las ayudas concedidas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla, o del ex primer edil de El Real de la Jara entre 1985 y 2007 José Antonio Méndez Sánchez , para quien pidió una fianza civil de 66.666 euros.
Entre los imputados a quienes no se ha impuesto aún fianza civil destacan también Carmen Muñoz Rivas , una religiosa del convento de las Jerónimas de Constantina (Sevilla) para quien solicitó una fianza civil de 58.666 euros, o Ramón Polo , exconcejal del PP en La Carolina (Jaén) que se enfrenta a una posible fianza civil de 26.000 euros.
«Carga de trabajo»
En el mismo escrito, Anticorrupción solicita a la juez que fije fecha para la comparecencia de medidas cautelares de naturaleza real del exfutbolista del Osasuna y del Atlético de Madrid José Antonio Gómez Romón , «como perceptor de las rentas y capitales derivados de las pólizas suscritas que se investigan en la pieza de pagos a la empresa Cenforpre», así como del exdirectivo de Mercasevilla Daniel Ponce , del presunto 'testaferro' Eduardo Leal del Real y de Gregorio Martínez Piñero .
Tras la petición de la Fiscalía, la juez ha dictado una providencia, fechada el 28 de septiembre y consultada por Europa Press, en la que asevera que, «dada la carga de trabajo de este Juzgado», dichas medidas cautelares de naturaleza real «se dictarán cuando proceda».
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