Antiguos asesores de empleo llevan a la administración andaluza a los tribunales

Finalmente el conflicto laboral que afecta a uno de los colectivos encargados de ayudar a los desempleados andaluces ha terminado en los tribunales.

Un grupo de catorce exasesores de empleo de la Junta de Andalucía ha interpuesto una denuncia penal contra el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y contra su director gerente, Julio Coca, por presunta malversación de caudales públicos, prevaricación y discriminación en el acceso al empleo público.

En un comunicado, este grupo informa de que previsiblemente se sumarán a la denuncia penal más exasesores, un colectivo integrado por más de 400 trabajadores que fueron despedidos en diciembre de 2012 por la Junta alegando el recorte aplicado por el Gobierno en los fondos para políticas activas de empleo.

Los exasesores denuncian que la actuación de la Junta de Andalucía «ha sido presuntamente arbitraria, injusta y desigual para este colectivo de trabajadores, pese a la igualdad laboral que debe regir» y, además, considera que «ha existido presuntamente cierto clientelismo en unos casos».

Por ello, acusan a los responsables políticos y técnicos de la Junta de haber podido incurrir en los citados delitos a raíz de la ejecución de las dispares sentencias de los distintos tribunales sobre las demandas de despido presentadas por los ex asesores de empleo.

De hecho, algunos exasesores con despido improcedente han sido readmitidos mientras que a otros se les ha indemnizado y, además, la Junta ha recurrido algunas sentencias y otras no y han pasado a ser firmes.

Los denunciantes han avanzado que posiblemente en los próximos días se adhieran a la denuncia penal un «gran numero de trabajadores perjudicados por las decisiones de la Junta».