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TRIBUNALES

Archivan la causa contra Greenpeace por la pintada de «Ilegal» en El Algarrobico

El juez entiende que procede el sobreseimiento de la causa abierto contra una treintena de activistas por estar el hotel «condenado a su demolición»

Pintada realizada por activistas de Greenpeace sobre la fachada de El Algarrobico / ABC

R. P.

Tras dos años de litigio, los cerca de treinta activistas de Greenpeace que estaban siendo procesados por pintar un gran punto negro que dejaba en blanco la leyenda «hotel ilegal» sobre la fachada de El Algarrobico han visto como la Justicia les ha dado la razón. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Vera ha decretado el sobreseimiento de la causa, que arrancó el 10 de mayo de 2014, día en el que se ejecutó esta peculiar acción de protesta.

Desde el colectivo proteccionista señalan que el magistrado en su auto advierte de que el inmueble «está condenado a su demolición por una sentencia del Tribunal Supremo , por ser el único modo de restablecer la legalidad urbanística al ser un edificio ilegal e ilegalizable».

Además, considera que la «intencionalidad perseguida por los integrantes de Greenpeace no era dañar la propiedad ajena, sino protestar por lo que ellos consideran, al igual que un sector amplio de la población, un grave atentado contra el medio ambiente y a los recursos naturales, siendo un acto donde prima el exponente simbólico frente al material». Y añade: «Este hecho unido a que el mencionado hotel está condenado a su demolición, con lo cual la cuantificación de los desperfectos causados al pintar la fachada de negro, quedarían anulados».

Para el abogado defensor de los procesados, Juan Manuel Marraco, «desde 2005 se ha perseguido a los activistas de Greenpeace y casi 500 han pasado por los juzgados por denunciar el daño a una playa situada en un paraje natural». A su juicio, «durante estos 16 años, se han llegado a reclamar casi medio millón de euros por daños y perjuicios a un edificio ilegal, frente al daño que se hizo a una playa y un parque natural de utilidad pública» si bien «la justicia ha avalado la protesta pacífica».

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