Los «okupas» vuelven a enfrentar a PSOE e IU

Sanlúcar de Barrameda es un polvorín. Unas 86 familias, según los últimos datos, ocupan viviendas de modo ilegal en la ciudad. El conflicto social estalló hace unos diez días –aunque había algunas casas ya ocupadas meses antes–, pero ha corrido como la pólvora. «Parece que han tocado a rebato», señala un sanluqueño. El alcalde socialista Víctor Mora ha pedido a la Policía que refuerce la vigilancia para evitar nuevos allanamientos de viviendas e instó de nuevo a la Consejería de Fomento y Vivienda, en manos de IU, a buscar una solución provisional , mientras que no exista un compromiso «pactado entre la Junta y las entidades bancarias» (titulares de las casas ocupadas) para dar una resolución definitiva con la construcción de viviendas sociales. Desde Fomento se oponen a construir más casas, en lo que es un nuevo episodio de enfrentamiento a cuenta de los ocupas de PSOE e IU, tras la crisis de la sevillana corrala Utopía, que apunto estuvo de romper el pacto en la Junta.

El alcalde agregó en sus declaraciones a Radio Jerez que algunos de los vecinos sí tienen necesidades reales de una vivienda pero otros «no». Los «okupas» carecen de agua y electricidad . Han enganchado baterías de coches para alumbrarse. IU ha pedido que se dé luz y agua a las viviendas pero el Ayuntamiento –gobernado por PSOE y el independiente CIS– se opone frontalmente . Considera que son una «ilegalidad» y ha solicitado, además, a IU a que «no anime a que se reproduzcan» más ocupaciones.

Las viviendas ocupadas son bloques que se levantaron en los tiempos dorados del ladrillo. Promociones donde no llegó a vivir prácticamente nadie y que la crisis dejó con el cartel perenne de «se vende». Las fincas están situadas en el centro y en varios barrios de la localidad gaditana.

Los «okupas» se han organizado en el colectivo «corralas por la dignidad» -al estilo de la que existía en Sevilla- que podría estar alentado por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), según las sospechas del Ayuntamiento, que cree que «la masiva ocupación» puede responder a una «estrategia política» de determinadas organizaciones. Lo «correcto» sería informar a los afectados que deben estar inscritos en el Registro de demandantes y contar con los correspondientes informes de evaluación de los servicios sociales para buscar soluciones con la Consejería de Vivienda. El SAT ha desmentido que haya repartido folletos alentando a la ocupación.