Un nuevo juez de encargará de instruir el «caso Rocket»

El denominado «caso Rocket», que investiga las presuntas irregularidades cometidas por el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo, durante la gestión de los fondos Miner bajo el mandato de la exalcaldesa Luisa Ruiz (PSOE), ha cambiado de manos. Un nuevo juez se ha hecho cargo de la instrucción y, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ya está estudiando minuciosamente las pruebas que conforman el voluminoso expediente.

Entre ellas, el togado ha recibido «numerosa documentación» aportada por el Instituto Armado. «Necesita tiempo para analizar todos estos nuevos informes policiales para, a partir de ahí, dictaminar lo que estime conveniente», indicaron desde el TSJA.

El caso se destapó a finales del pasado mes de octubre. Agentes de la Guardia Civil detuvieron a Luisa Ruiz y a dos empresarios e imputaron a otras once personas por presuntos delitos contra la administración pública. Todos los detenidos están en libertad con cargos.

Tanto el Instituto Armado como el juez que, hasta ahora, ha llevado la causa —antes de que pasara a manos de uno nuevo— sostienen que hay irregularidades en once expedientes gestionados por la exalcaldesa Luisa Ruiz (PSOE) de proyectos por valor de más de 12 millones de euros concentrados entre 2007 y 2012. Hasta que no concluya el análisis de la extensa documentación intervenida en los múltiples registros llevados a cabo y se cruce con la que durante más de un año ha atesorado la investigación, no se sabrá en qué queda la compleja instrucción.

Uno de los «ramales» del caso es el relativo al Tren del Guadiato pagado con fondos Miner. Su coste era de 14 millones aunque, en realidad, sólo se llegaron a gastar 1,4 millones de euros. La Guardia Civil explica en un informe «que un número de empresas estaban supuestamente concertadas con el Ayuntamiento y la sociedad municipal Promociones Industriales Valle Alto Guadiato (Pivag) con la finalidad de beneficiarse económicamente de forma fraudulenta».

El Miner pagó por la supuesta rehabilitación de una serie de maquinaria que iba a servir para exposición o para un proyecto turístico ferroviario. Lo que descubrió el Instituto Armado es que, supuestamente, los procedimientos de contratación, directamente, se ignoraron «o fueron fraudulentos» para beneficiar a unas empresas. Los dos empresarios que fueron detenidos, responsables de supuestos centros históricos del ferrocarril, se beneficiaron con pagos concretos y directos de sus gestiones por elegir a las empresas adjudicatarias de los proyectos. Un tercer elemento es que las facturas pagadas por el Miner aparecen infladas o certificadas de forma irregular. Y los trenes nunca aparecieron.