Peñarroya-Pueblonuevo
El juez del fraude en los Miner pide refuerzos a la Junta
Reclama hasta tres veces personal para seguir el macroproceso de presuntas irregularidades en las ayudas
El juez instructor del caso de presunto fraude con las ayudas de los fondos para la reconversión de las zonas mineras (Miner) en Peñarroya-Pueblonuevo ha solicitado ya en tres ocasiones a la Junta de Andalucía personal de refuerzo para poder continuar con la instrucción de la causa que investiga unas presuntas irregularidades cometidas por la exalcaldesa socialista Luisa Ruiz con especial incidencia en su último mandato de gestión y que tiene también como principales imputados a dos empresarios catalanes.
El magistrado, quien se encuentra en la fase de tramitación de exhortos para llamar a declarar a algunos de los testigos de la llamada «Operación Rocket», la mayoría con vinculaciones socialistas, considera que con solo dos funcionarios dedicados a casos penales y dos a civiles se hace muy difícil para este macroproceso y el resto de causas rutinarias del juzgado proseguir a un buen ritmo la investigación.
Más aún, por el volumen que ha alcanzado esta causa destapada en otoño pasado tras una investigación de la Guardia Civil. La misma suma ya 12 tomos relacionados con la trama principal y otros 50 tomos anexos de unos 300 folios cada uno (cerca de 15.000 folios en total), según informaron a ABC fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
El actual juez titular de Instrucción 2 de Peñarroya, juzgado que lleva el asunto, se hizo cargo de la instrucción el pasado mes de mayo, sustituyendo al anterior, José Antonio Yepes Carmona, y ha estudiado minuciosamente las pruebas que conforman el voluminoso expediente, al que ahora se le unirán nuevos informes que ha solicitado para completar la investigación.
Esta documentación requerida se ha solicitado a la propia Junta de Andalucía, encargada de tramitar también ayudas del Miner, como a los agentes del Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado que destaparon el caso, o al propio Ayuntamiento peñarriblense. Además, el juez instructor ha añadido a esta nueva información un requerimiento adicional al Registro Civil relativo a la imputación de un notario en la causa.
La mayor parte de la documentación que ha manejado hasta ahora el togado le ha sido aportada por el Instituto Armado. Sin embargo, la falta de refuerzos, que es la propia Junta de Andalucía la que tiene que aportarlos, complica mucho la fase de instrucción y dificulta que comiencen las declaraciones de los imputados, según ha podido conocer este periódico, y siga avanzando la investigación.
Reguero de ayudas perdidas
El 22 de octubre de 2013, agentes de la Guardia Civil detuvieron a la exalcaldesa socialista de Peñarroya-Pueblonuevo, Luisa Ruiz, a dos empresarios e imputaron a un total de once personas más en el marco de la llamada «Operación Rocket». Detrás, presuntas irregularidades, algunas de ellas muy graves, en proyectos sujetos a las ayudas del Miner cuya subvención suma 12,5 millones de euros.
Bajo sospecha, pues, estarían casi la mitad de los fondos recibidos por la localidad del Guadiato desde 2005, que a su vez recibió el 40 por ciento de los recursos destinados a la reactivación de municipios donde la minería es historia. Ruiz, que sigue como portavoz del PSOE en el Consistorio de Peñarroya y fue miembro de la ejecutiva del PSOE-A, fue puesta en libertad e imputada por presuntos delitos contra la Administración Pública, fraude y falsedad documental. Aunque planteó a su partido la dimisión, éste no se la aceptó alegando que prefería esperar a que concluyera la instrucción del caso.
Trabajos bajo sospecha
El resto de los detenidos entonces están en libertad con cargos. La punta del «iceberg» del caso fue la primera fase del proyecto del Tren Turístico del Guadiato, proyectado en su totalidad en 14 millones de euros. La primera fase, con una subvención de 1,4 millones, constaba del arreglo de varias locomotoras. Solo apareció una y sin reparar del todo y el resto no se concluyó.
Por el camino, empresas intermediarias y los dos empresarios que se hicieron con este proyecto turístico pudieron pactar de antemano, según las investigaciones, el pago de comisiones y desvío de fondos. A partir de ahí, la Guardia Civil estuvo durante un año siguiendo la pista de las ayudas millonarias y otra serie de proyectos que no se ejecutaron o engordaron su valor con justificaciones anómalas.
Otra pieza clave es la sociedad municipal Promociones Industriales Valle del Alto Guadiato que, según el sumario, se usaba para justificar gastos de forma irregular.
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