El alcalde de Córdoba denuncia que la Junta debe más de 4 millones por políticas sociales

El alcalde, José Antonio Nieto, volvió a denunciar ayer los impagos de la Junta al Ayuntamiento en políticas sociales. Eso sí, esta vez no fue con motivo de ningún episodio local en la materia o por el sempiterno enfrentamiento que mantienen el Consistorio y la Junta. Compareció con motivo de un movimiento coordinado del PP andaluz para exigir al Ejecutivo autonómico un «gran acuerdo» con los ayuntamientos en torno a la Ley de Dependencia.

Nieto, primero, centró la dimensión del problema. Indicó que a fecha del 19 de junio lo que la Juntale debe a Capitulares por políticas sociales, en su «mayor parte»por los programas de la Ley de Dependencia, «supera los cuatro millones, que debemos adelantar para mantener» actuaciones en marcha, en las que, recordó, colabora la Administración local, pero la «competencia» es del Gobierno regional y se desarrollan con un «compromiso» de pago de este último. Matizó que esa cifra a día de hoy ya es mayor.

Lamentó que esa actitud de la Junta «provoca dificultades» en la tesorería municipal e «impide» que el periodo de pago del Ayuntamiento a los proveedores sea más corto. Mostró su «temor» a que esta cantidad vaya creciendo y, advirtió, «no tenemos músculo financiero» para soportarlo.

Pero Nieto no se quedó ni mucho menos en las cuentas. Mostró su preocupación por el funcionamiento en la región del sistema de dependencia: «Tenemos un retraso en la atención a las personas ya reconocidas como dependientes, que supone el 26,6% del total de reconocidos. Eso supone que Andalucía se coloque seis puntos por encima de la media nacional en demora». 

Se mostró categórico con la Junta para que no alegue que los ajustes le vienen impuestos por el Estado. «Los recortes que sufrimos todos no pueden ser excusa para la incompetencia y la confrontación», aseguró. Y puso sobre la mesa el ejemplo del Ayuntamiento que dirige. Recordó que en 2008 estaba en un nivel de ingresos de 512 millones y que en 2013 esa cifra se quedó en 360. Pese a un recorte tan fuerte, destacó que la partida de política sociales es «la misma».

Aseguró que «la Junta, en lugar de eliminar lo fundamental, debería reducir el gasto superfluo». Defendió que en ese sentido los consistorios han sido un ejemplo de cómo han conseguido alcanzar el equilibrio económico manteniendo los programas sociales.

Nieto recordó que «la prioridad deben ser las personas y resolver la situación de los que peor lo pasan». Por ello, alineado con lo demandado por los populares y por los alcaldes de las capitales de provincia andaluzas (todos del PP), afirmó que «hay que buscar un gran pacto» para que todos hagan el «máximo» para «atender a los ciudadanos, con criterios estables, para garantizar lo que la ley recoge a las personas con derecho a la dependencia». Explicó que eso debe basarse en una «relación que hoy no existe entre la Junta y los Ayuntamientos».