Sindicatos acusan a la Junta de no reforzar el juzgado para ahorrar

Los argumentos esgrimidos por la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía para justificar por qué habría denegado hasta en tres ocasiones el personal de refuerzo reclamado por el Juzgado de Instrución 2 de Peñarroya, ante la sobrecarga de trabajo a raíz del «Caso Miner» -presuntas irregularidades en las ayudas para la reconversión de las zonas mineras- han sido rechazados por los sindicatos CSIF, CC.OO. y UGT. La Junta alegó que «no está justificada la necesidad de funcionario de refuerzo» porque la carga de trabajo del juzgado se mueve en «unas cifras muy por debajo de los demás juzgados que cuentan con refuerzo». Actualmente, en el primer trimestre del año, el juzgado peñarriblense registró 326 asuntos pendientes y le entraron 330 asuntos nuevos.

Pues bien, desde los representantes sindicales criticaron ayer la visión «tergiversada» del Ejecutivo andaluz, ya que «no es cierto» que el macroproceso de la «Operación Rocket», que acumula ya más de 15.000 folios en la fase de instrucción, no haya colapsado ni alterado la normal actividad del juzgado, hasta el punto de tener que pedir refuerzos. Desde CSIF y CC.OO. señalan a ABC que la Junta «ha olvidado mencionar que este juzgado, al igual que otros en la provincia, cuenta sólo con cuatro funcionarios, cuando lo normal es que haya siete, como ocurre en el resto de provincia a excepción de Córdoba».

El responsable de Justicia del Sindicato Provincial de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO., José Carlos Alba, insta a la Junta a que «los juzgados de la provincia se doten con el mismo personal que el resto de las provincias andaluzas, corrigiéndose así el déficit estructural existente». Alba indicó que «desconocemos las causas de esta infradotación de personal».

Además, recuerda que la Consejería de Justicia cuenta con otro resorte para hacer frente al desequilibrio que generan las macrocausas en las oficinas judiciales, como es el Servicio de Apoyo a la Audiencia Provincial, consistente en un equipo de profesionales que, debido a su alta cualificación y experiencia «actúan como verdaderos bomberos de la Administración de Justicia, organizando y reactivando cualquier incidencia que se produzca».

Según denunció Alba, desde 2011 este equipo «no es destinado a la provincia bajo el pretexto del ahorro de la indemnización por el servicio (desplazamientos que habría que abonarles».

Los «motivos economicistas» están también tras la negativa de la Junta a reforzar el juzgado de Peñarroya para el sindicato CSIF. Fuentes del citado sindicato indicaron que «el colapso es general en todos los juzgados» por la falta de funcionarios, por lo que exigieron su equiparación al resto de Andalucía, así como que «las bajas no se cubren». Esto se traduce en «situaciones límite en Baena, Montoro o Montilla». Especialmente delicada es la situación del juzgado de Posadas, «que pidió personal de refuerzo y también le fue denegado por la Junta», según indica el responsable de Justicia del sindicato UGT en Córdoba, Emilio Monteroso. «Aquí se corre incluso el peligro de que haya causas que se tengan que sobreseer», indicó. «No hay dinero para contratar», sentenció. A su juicio, esto «solo puede llevar a la privatización de la Justicia, como ya ha ocurrido con el Registro Civil. Al final la Junta se quedará con los servicios que sean rentables», señaló el sindicalista de UGT.

Y casos como la «Operación Rocket» saturan aún más la normal actividad de los jueces que, junto a la negativa de refuerzos de la Junta hace que se dilaten en el tiempo. «Hay que ser garantista con la Justicia, pero para ello hace falta tener recursos», indicó Monteroso, quien afirmó que «la Justicia tiene que ser rápida, si no, ya no es Justicia». 

Por eso, desde los sindicatos se comparte la reivindicación de los jueces de un órgano unitario, que no dependa de voluntades políticas ni de políticas presupuestarias para dar agilidad al personal de refuerzo cuando aparezcan causas de sobrecarga de trabajo.