Concluye la investigación del fraude a Hacienda de 90 joyeros

La investigación en la fase de instrucción de la causa por la denominada «Operación Fénix», en la que están imputados unos 90 joyeros por, presuntamente, estafar más de 150 millones a Hacienda, ha concluido. Ocho años después de que la Agencia Tributaria diera un duro golpe al sector en la capital, esa investigación pasa a Procedimiento Abreviado, una fase previa a la apertura del juicio oral en la que las distintas partes personadas, (defensa, acusación y Ministerio Fiscal) presentan sus respectivos escritos, según informaron fuentes del caso.

La «Operación Fénix» es uno de los procesos de los más voluminosos de la última década, con más de 180 tomos en los que se imputan a 90 personas por delitos contra la Hacienda Pública por impago del IVA o del Impuesto de Sociedades. Muchas de esas personas compraban oro para inversión, carente de IVA, y lo destinaban a la fabricación de piezas de joyería, sin tampoco abonar IVA y no declarando la mayor parte de estas ventas ni el Impuesto de Sociedades que llevaba aparejada esta actividad. El proceso ha sufrido numerosos reveses, como el hecho de que el Supremo devolviera al Juzgado de Instrucción número 2 partes de la causa de algunos procesados que se encontraban en otros juzgados y que se inhibieron. Este hecho provocó que, pese a que hace unos meses concluyó la investigación con los imputados, se tuviera que volver a la fase de investigación para añadir esas piezas que llegaban de otros juzgados.

La fase de investigación no ha estado exenta de sobreseimientos, fallecimientos de algunos de los imputados o archivo de otras piezas. Ahora queda abierta la fase de recursos de la parte que aún no había pasado a Procedimiento Abreviado por encontrarse en otros juzgados hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) los ha devuelto a Instrucción 2.

Han sido necesarias varias tandas de funcionarios de refuerzo para instruir esta causa muy compleja, ya que se ha tenido que mover a 90 imputados y, pese a que la Junta más tarde retiró a esos funcionarios, se ha hecho difícil, por ejemplo, facilitar documentación requerida por las partes en un tiempo prudencial, por la cantidad de legajos de papel de la causa.

Esta fase final ha seguido a una última ronda de declaraciones que se hizo necesaria después de que el Supremo resolviera varios conflictos de competencias entre los juzgados que debían hacerse cargo de algunos de los procesados. Finalmente, el órgano superior decidió a favor de Córdoba.

La operación policial que destapó la trama se llevó a cabo en dos fases, una en octubre de 2006, en la que se arrestó a 20 personas, y otra en julio de 2007, donde se detuvo a otras 30. En la llevada a cabo en febrero de 2008, denominada «Operación Troya», se detuvo a otro medio centenar de personas de varias provincias.

La sociedad principal, radicada en Barcelona, se dedicaba a importar desde Suiza oro fino, que vendía sin transformarlo a mayoristas y fabricantes de joyería, gran parte de ellos residentes en Andalucía. Para satisfacer a sus clientes, que solicitaban que sus compras permanecieran ocultas, y poder justificar a su vez sus ventas, la mercantil catalana creaba sociedades interpuestas a las que formalmente vendía el oro sin factura que acababa en manos de terceros.