Ocurrió el pasado 11 de junio
Responsabilizan a la prisión de Córdoba de la muerte violenta de un recluso
La familia pide que se investiguen presuntas irregularidades del funcionariado
¿Dónde estaban los funcionarios en el momento en el que mataron a mi hermano?, se preguntaba ayer Janette, hermana de un preso de origen colombiano que sufrió una muerte violenta el pasado 11 de junio en la cárcel de Córdoba. ¿Cómo pudo eso suceder si en ese módulo mi hijo estaba vigilado las 24 horas del día?, se cuestionaba la madre, Aura. ¿Cómo lo podían tener en ese módulo de presos peligrosos cuando él no era un asesino?, añadía Yuri, una sobrina del recluso.
Hermana, madre y sobrina no dejaban de hacerse este tipo de preguntas para las que no encontraban respuesta durante la rueda de prensa en la que, acompañadas por el abogado Valentín Aguilar, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, pidieron que se depuren responsabilidades en la prisión por esa muerte violenta y que no se quede sólo la investigación en la condena del presunto asesino, otro preso de origen guineano, quien supuestamente acabó con la vida del interno colombiano a golpes en unos aseos de la prisión.
«La investigación judicial y policial ha avanzado rápidamente, pero exclusivamente contra el preso, olvidando el papel fundamental de la prisión en estos hechos», destacó Aguilar, quien anunció que «vamos a elevar una queja al Defensor del Pueblo estatal para que investigue los hechos a nivel de responsabilidades administrativas».
Dudosas circunstancias
El representante de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía dijo además que la investigación policial «ha sido limitada y escasa. En ella se han dado por válidas, sin realizar mayores comprobaciones, declaraciones de funcionarios que pudieran verse afectados por este proceso o por un proceso disciplinario administrativo y no se han investigado las irregularidades en las que podría haber incurrido la administración».
Para la asociación, una de esas presuntas irregularidades fue que «se dejó juntos y solos, sin supervisión funcionarial alguna, a dos presos catalogados entre los más peligrosos de la prisión de Córdoba» y, «en caso de duda sobre la conveniencia de que ambos presos estuvieran juntos, se debieron hacer otras combinaciones o alternar las salidas al patio», porque «la ley no impone que salgan a la vez».
Otra de ellas, según el colectivo, fue que «el funcionario responsable de la supervisión por cámara no actúo inmediatamente, lo que facilitó el lamentable desenlace» y, «a pesar de considerar extraño el comportamiento de ver entrar a dos presos a un servicio individual, no alertó al resto de funcionarios ni volvió a comprobar la situación hasta pasados entre cinco y 10 minutos». El abogado puntualizó al respecto que, además, «este servidor público manifestó no tener conocimiento de si el sistema de vigilancia también grababa» y que «a pesar de todo ello, los funcionarios consideran que hicieron una rápida intervención».
Módulo de aislamiento
Aguilar también cuestionó la inclusión del reo ahora fallecido en el departamento especial de la prisión. «Ambos se encontraban en el régimen de vida más duro de la cárcel, concebido para aquellos internos clasificados en primer grado, de peligrosidad extrema, y protagonistas o inductores de alteraciones de régimen muy graves que hayan puesto en peligro vidas», explicó, añadiendo que el asesinado «no era un preso peligroso». La familia explicó al respecto que «no era un asesino», sino que cumplía condena por hurtos y por un intento de fuga de la prisión de Palencia. Aguilar aprovechó para pedir un cambio de ley que acabe «con el régimen de vida más duro de la prisión».
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