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«Operación Rocket»

La exalcaldesa firmó papeles del Miner cuando ya no era regidora

Los agentes del caso detectan que alguien modificó el registro municipal para alterar las fechas de documentos del Tren Turístico del Guadiato

La exalcaldesa firmó papeles del Miner cuando ya no era regidora abc

Rafael Ruiz

El mandato de Luisa Ruiz al frente de la Alcaldía de Peñarroya-Pueblonuevo puede considerarse de verdadero récord. Porque, según los investigadores del «caso Rocket», sobre irregularidades en la gestión de los proyectos Miner, se prolongó de forma sorprendente. Tanto, que cuando la actual alcaldesa, la popular María Gil, ya ostentaba el bastón de mando y había tomado posesión de su cargo, Ruiz seguía firmando documentos oficiales como si siguiera siendo la primera edil de la localidad. Esa es la tesis que los investigadores han transmitido al juzgado de instrucción de Peñarroya sobre este asunto que afecta a la gestión de millones de euros del presupuesto público para la rehabilitación económica de antiguas zonas mineras.

La manipulación de documentos se encuentra en el origen mismo del «caso Rocket». Fue la actual regidora quien interpuso la denuncia cuando notó que había cuestiones extrañas en documentos municipales. Los agentes han verificado que algo había. En primer lugar, se ha constatado que el registro municipal de documentos fue alterado. Se trata de la cesión de material ferroviario como la locomotora MZA-1701, que nunca se llegó a restaurar en su totalidad, para que la entidad Cehfe lo utilizase en un proyecto turístico en Madrid. Cehfe coordinaba el proyecto del Tren del Guadiato y su máximo responsable, el empresario Carlos Guasch, está imputado en el caso y se considera una persona clave en la trama que investiga el juzgado de Peñarroya-Pueblonuevo. El titular de dicho órgano judicial ha pedido a la Junta que le refuerce el personal ante la dificultad y complejidad del caso. La Consejería competente ha rechazado esa demanda.

La Guardia Civil cree que el registro de entrada fue alterado porque las versiones de papel e informáticas no son idénticas. En el formato de papel, el 5 de mayo de 2011 entró un escrito sobre un funcionario municipal sin trascedencia para la investigación. En la versión informática, figura -con el mismo número de registro- la recepción de documentos relacionados con el proyecto Miner, estos sí, sobre la cesión de material ferroviario de propiedad municipal a la empresa privada. Como si alguien hubiera accedido a un ordenador municipal y hubiera alterado esa información. Los agentes han constatado que es el único cambio que figura en el registro. Los registros ordenados por el juez han aportado cierta luz. María Gil tomó posesión del cargo el 11 de junio de 2011. Según la Guardia Civi l, el 10 de junio de 2011, la exalcaldesa recibió un correo en su cuenta de correo del Consistorio y en una de Hotmail en el que el responsable de Cehfe pedía la formación de la cesión de la locomotora. Incluía, de hecho, un borrador de respuesta del Consistorio peñarriblense. Las fechas de los papeles coinciden con las que les otorgó quien, presuntamente, cambió el registro municipal. Toda una coincidencia.

Seis días después de que María Gil tomase posesión, la Guardia Civil ha detectado un correo entre una cuenta de Cehfe y la cuenta de Hotmail cotada. En ese correo -encabezado por un «querida Luisa», el nombre de la exalcaldesa- se propone «rehacer» el convenio de la locomotora -una propiedad municipal- y pide las señas a la que remitir documentación.

El 18 de junio, una semana después de que Peñarroya tuviese alcadesa del PP, se produce la respuesta de la exregidora socialista, que proporciona su domicilio particular y su nueva cuenta, esta ya con sus iniciales. El correo termina diciendo: «Aún no sé lo que van a hacer ni qué piensan sobre nuestro proyecto». La respuesta del empresario Guasch llega el 21 de junio y pide que se le remitan firmados los documentos en los «términos convenidos en su momento». «Y si pudiera ser, sellados», dice. Recuérdese que Luisa Ruiz era ya portavoz socialista y no tenía capacidad legal para rubricar documentos en nombre del Consistorio Peñarriblense. La Guardia Civil asegura que toda la documentación se encuentra firmadas, entienden los agentes, en fechas posteriores a su salida de la Alcaldía. Recuerda también un hecho relevante: la legislación sobre Haciendas Locales obliga a que la cesión de bienes públicos se vote en un Pleno. Eso nunca ocurrió.

Quien alteró el registro municipal intentó no dejar cabos sueltos. A los documentos que entran en el Consistorio peñarriblense se le coloca una pegatina para controlar su ubicación. Uno de los documentos sobre el proyecto del Tren del Guadiato tienen esa marca pero los agentes de la Guardia Civil aseguran que fue despegada de otro papel y colocada en éste con el objetivo de dar la apariencia de veracidad. De haber «colado» los cambios, las cesiones se habrían realizado de forma regular y el actual gobierno municipal de Peñarroya-Pueblonuevo no podría discutir esa decisión.

La anterior alcaldesa de Peñarroya se encuentra imputada en este caso por falsedad documental, fraude y delitos contra la administración, todos presuntos, y en proceso de instrucción judicial.

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