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Claves de la «Operación Rocket»

La Guardia Civil pide tasaciones de las compras de suelo del Miner

El Consistorio adquirió terrenos por valor de 5,6 millones de euros sin que se realizasen valoraciones de las operaciones con técnicos acreditados

La Guardia Civil pide tasaciones de las compras de suelo del Miner abc

R. R.

La Guardia Civil ha pedido al Juzgado de Instrucción número dos de Peñarroya, que investiga la gestión de los Miner, que encargue tasaciones independientes de las adquisiciones de terrenos realizadas al amparo de los citados fondos con el propósito de saber si las compras ordenandas bajo el mandato de la exalcaldesa Luisa Ruiz supusieron algún perjuicio para las arcas públicas. En realidad, los investigadores creen que perjuicio hubo porque algunas operaciones se cerraron antes del estallido de la burbuja inmobiliaria y, en algún caso, se materializaron tiempo después, hasta en el año 2010 cuando el valor del terreno había caído sustancialmente. Ello no supuso una modificación o alteración de las condiciones. En total, la Guardia Civil ha estado examinando compras de terrenos por un valor superior a 5,6 millones de euros, que se cargaron a los fondos Miner con el objetivo de dar una alternativa económica a la localidad.

De hecho, lo que ha detectado la investigación en sus diligencias es que todas las operaciones de venta de suelo que se hallan en sumario nunca fueron objeto de tasaciones previas, de informes técnicos que entendieran que lo que se estaba pagando correspondía a un valor razonable y no a negociaciones entre las partes sin ninguna justificación técnica. De las operaciones estudiadas, todas ellas se corresponden con este patrón.

La primera operación a estudiar por la investigación es la adquisición de los terrenos del Cerco Industrial, la antigua zona minero-metalúrgica de Peñarroya-Pueblonuevo. El Consistorio cerró la adquisición el 21 de abril de 2010 con la empresa Prosurop y pagó casi tres millones de euros. Los agentes se llevaron la sorpresa de que el informe de tasación tenía la fecha de 23 de junio de ese mismo año, o sea, varios meses después.

Los investigadores creen que la persona que hizo el trabajo ni siquiera tenía la formación adecuada para firmar este tipo de documentos. Además, afirman que el trabajo no se hizo porque sí. El Ministerio de Industria reclamó, para librar el dinero, el informe de un tasador independiente. Los agentes sostienen la tesis de que todo fue una simulación para hacer creer a la Administración central del Estado que todo estaba correcto. Creen que quien lo hizo cometió el error de poner una fecha posterior a la de la escritura que, a la postre, se ha demostrado que fue alterada. Las indagaciones han llegado hasta la notaría en la que los documentos se firmaron sin que se haya encontrado una explicación plausible a la alteración de los papeles de la compra del Cerco.

En segunda instancia, la instrucción se ha centrado en la adquisición, también a cargo de los fondos Miner, de parcelas de terreno rústico por valor de 1,4 millones de euros con el objetivo futuro de establecer un polígono industrial para la zona. En este caso, también el volumen de terreno adquirido supera los 860.000 metros cuadrados a un precio de 1,5622 euros por metro cuadrado.

Tras los interrogatorios y el examen de la documentación incautada, los agentes aseguran que el precio de compra-venta por parte del Consistorio peñarriblense -cargado a los Miner- se pactó en septiembre de 2008. La escritura se firmó el 21 de diciembre del año 2009. La tasación elaborada por personal municipal no cualificado para ello es del 21 de diciembre de 2009. La Guardia Civil ha pedido que se tase la diferencia de valor con el objetivo de conocer el supuesto perjuicio a las arcas públicas.

La tercera operación es la de los terrenos de FEVE, que se valoró en 696.931,40 euros, IVA incluido. En este caso concreto, no se ha encontrado ningún informe que diga por qué se abonaron esas cantidades, y no otras, a pesar de que era una operación de cierta enjundia. Sí se sabe que en 2008 se pagó la misma cantidad que se acordó en el año 2005. El decreto regulador de las adquisiciones de inmuebles (no solamente casas, también parcelas) por parte de las entidades locales asegura que es preciso un informe pericial previo.

Uno de los problemas que presenta esta operación, según ponen de manifiesto los agentes encargados del caso, es que en ella se mezclaron parcelas de distinta calificación. De la documentación que obra en el sumario del caso, se sabe que suelos con la misma categoría legal presentaban grandes diferencias de valor sin que existiese una razón para ello.

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