Gestión municipal

Los ayuntamientos sueltan lastre con la liquidación de empresas y organismos

El actual mandato se caracteriza por unos recortes en el ámbito local que han acabado con gerencias de urbanismo y promotoras municipales

F. J. CANTADOR

17/08/2014
Actualizado a las 09:08h.

Organismos públicos liquidados. Promotoras municipales finiquitadas. Cambios en la gestión del agua o la basura… La asfixia económica que sufren los ayuntamientos en los últimos años ha obligado a realizar ejercicios de ingeniería en la gestión y en los ajustes como pócima mágica para evitar el coma en sus arcas. Ninguno, en mayor o menor medida, se ha salvado de la quema de activos durante el presente mandato, aunque unos más que otros.

Córdoba

En la capital, por ejemplo, el equipo de gobierno de José Antonio Nieto ha tenido que hacer encaje de bolillos tras el colapso financiero en el que se encontró el Ayuntamiento, según reveló una auditoría interna. En lo que va de mandato, el gobierno municipal del PP ha logrado rebajar en casi 20 millones de euros el gasto en el capítulo de Personal y sus organismos autónomos y empresas. No obstante, en ese ejercicio obligado de cuadrar cuentas el Ayuntamiento ha vivido el cierre definitivo de la Fundación Córdoba Ciudad Cultural, disuelta este año y sin actividad desde 2012. Este organismo se había creado expresamente para el proyecto de la Capitalidad Europea de la Cultura, que quedó truncado en 2011; sin embargo, se barajó la posibilidad de dejarlo con vida para impulsar proyectos culturales.

Otro de los organismos destinado a pasar a mejor vida es la sociedad municipal Proyectos de Córdoba Siglo XXI (Procórdoba), dedicada a la compra y venta de suelo. El proceso de disolución ha llevado más de un año y si todo sale como se espera Procórdoba definitivamente será historia a partir del próximo mes de septiembre.

Otro de los dolores de cabeza del equipo de gobierno es Cecosam. La empresa municipal de cementerios se ha visto abocada a realizar ajustes exprés para encarrilar su compleja situación económica antes del 31 de diciembre de 2014. De seguir a esa fecha dando pérdidas, tendría que iniciar su liquidación. Cecosam acabó 2013 con unas pérdidas de más de 400.000 euros. Año tras año, suma números rojos y sus trabajadores ya han visto reducidas un 20% sus nóminas.

Problemas también ha tenido el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco), obligado a elaborar un plan de corrección de su desequilibrio financiero, ya que la entidad cerró el año 2013 con un déficit de 1,14 millones de euros, que achacó a una situación «coyuntural», puesto que tuvo que hacer frente a pagos pendientes con la Junta de Andalucía de años anteriores. A finales del pasado año, este organismo planteó además un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que amenazaba de despido a una veintena de trabajadores. Al final, se pactó un recorte presupuestario cercano a los 800.000 euros, sin ningún despido.

No menos problemas ha vivido la Gerencia de Urbanismo, condenada por la crisis del ladrillo a perder músculo inversor y a ingresar muchísimo menos en la caja registradora de las plusvalías. La entidad que en tiempos fuera la gran plataforma de desarrollo y gestación de proyectos parecía condenada a dejar de ser organismo autónomo para reconvertirse en un área municipal. El problema de la Gerencia se había convertido para el gobierno municipal en uno de los más espinosos. Su plantilla se vio reducida en un 30% pasando de los 183 que se encontró el PP a los 133 actuales.

Lucena

Uno de los municipios en los que la crisis se ha llevado por delante a la Gerencia de Urbanismo ha sido en Lucena, donde también pasó de ser la gallina de los huevos de oro a un agujero sin fondo. Creada en abril de 1998, el cogobierno de PSOE e IU certificó su defunción en marzo de 2013 tras una década de crecimiento brutal que llevó a este organismo a contar con un presupuesto de 15 millones de euros y medio centenar de trabajadores. De éstos, se suprimieron 26 plazas. El resto de personas, apenas 20 empleados, quedaron adscritos a una nueva agencia pública en tres áreas: la de Planeamiento, Gestión y Proyectos Urbanísticos, la de Licencias, Disciplina Urbanística y VPO y el Negociado de Administración, Registro y Archivo.

En Lucena también ha pasado a mejor vida Serviman. El pasado 31 de diciembre quedó firmada el acta de disolución de esta empresa municipal de limpieza y la cesión de la totalidad de sus derechos y obligaciones al Consistorio lucentino.

Tampoco ha sido un mandato fácil para Aguas de Lucena, que el pasado año dejó de ser una empresa mixta con la privada Aquagest para pasar a ser municipal hasta que se acuerde otra forma de gestión. El Ayuntamiento, tras tomar esa decisión, desde el pasado marzo tiene encomendada la gestión del cobro de los recibos a la Diputación, a través de Hacienda Local.

Puente Genil

En Puente Genil, el socialista Esteban Morales se encontró con una empresa municipal de recogida de la basura, Egemasa, incapaz de dar el servicio esperado al no poder hacer frente el Ayuntamiento a la renovación de unos vehículos permanentemente averiados, circunstancia por la que los vecinos se encontraban con los contenedores rotos, llenos o los residuos no recogidos con suficiente asiduidad. Para solucionar ese problema, el Ayuntamiento intentó cederle la gestión a la empresa provincial Epremasa con una serie de condiciones: el mantenimiento de la plantilla con iguales derechos, la mejora de equipamientos y su renovación, así como el soterramiento de contenedores. Esas condiciones hicieron inviable el acuerdo.

En el capítulo de desapariciones destaca la del Instituto Municipal de Servicios Comunitarios, disuelto en mayo de 2013. Ese organismo integraba a las áreas de Juventud, Mujer, Deportes, Cultura, Festejos, Participación Ciudadana y Servicios Sociales.

Montilla

La externalización de servicios -como el de la recogida de la basura- ha sido una de las medidas adaptadas por el Ayuntamiento de Montilla durante el presente mandato, con el consiguiente ahorro de costes.

El contrato que mantenía el Consistorio con Epremasa expiró el 31 de mayo de 2013, poniendo fin así a una relación que se mantuvo entre el ente local y la empresa provincial dependiente de la Diputación desde el año 1993. Fue en los primeros meses de este mandato cuando el Pleno aprobó la licitación del servicio con un presupuesto inicial de 1.077.000 euros. En marzo del pasado año, el Consistorio adjudicó el servicio a Tahler, con la oferta económica (890.000 euros) más baja. Esta adjudicación se dilató en exceso ya que en ese momento hacía casi año y medio que la Unión Temporal de Empresas (UTE), compuesta por las firmas locales Espejo Vela y Construcciones San Francisco Solano, había concluido las obras de soterramiento de los contenedores en el municipio. En junio de 2012, PSOE, IU y PA forzaron al equipo de gobierno a sacar a concurso la concesión administrativa del servicio, en contra de la postura defendida por los populares de que la gestión fuese para Epremasa.

Priego de Córdoba

Priego de Córdoba tardó aún menos que Lucena en liquidar su gerencia de urbanismo. Fue a finales de 2011, aunque estaba firmada desde el mes de junio de ese mismo año. A partir de su disolución, las funciones de la gerencia fueron asumidas directamente por la Alcaldía y el propio Pleno municipal, además de la Junta de Gobierno Local y la Comisión Informativa de Urbanismo. Asimismo, el equipo de gobierno de la popular María Luisa Ceballos ha iniciado el proceso para hacerse con el control del servicio de la empresa mixta Aguas de Priego, que gestiona el abastecimiento en el municipio y en la que el Consistorio comparte acciones con la firma Aqualia.

Palma del Río

Palma del Río, al igual que Montilla, está agotando un mandato municipal sin sobresaltos en la gestión de sus distintos patronatos o institutos -deportes, cultura o servicios sociales-. No así durante el mandato anterior, en el que, a finales de 2008, el regidor socialista José Antonio Ruiz Almenara decidió liquidar la Sociedad de Comunicación Palma del Río SL, que se creó en 2004 por el anterior equipo de gobierno, que lideraba el también socialista Salvador Blanco, para impulsar una televisión municipal.

En su segundo mandato, el alcalde de Palma del Río no se ha visto abocado a tomar ninguna medida drástica de ese tipo, aunque reculó respecto a quien debía de ser el gestor del servicio de aguas. En octubre de 2012, el Ayuntamiento palmeño aprobó, con el voto a favor del PSOE y el PA, la abstención de IU, y la declaración de «ausente en votación» del grupo municipal del PP, iniciar el expediente de municipalización del servicio de depuración de aguas residuales, así como denunciar el convenio suscrito con Emproacsa con la intención de prestar el servicio por su cuenta.

El alcalde justificó esta decisión afirmando que «el déficit más importante en servicios públicos se da en la depuración de aguas residuales. El importe cobrado a través de las tasas es de 360.892 euros y lo que pagamos a Emproacsa asciende a 663.520 euros. Para equilibrar esta cuenta habría que subir la tasa un 83,86% al ciudadano». Apenas un año después, Ruiz Almenara reconoció que, con la gestión municipal, el gasto se había disparado y que salía más barato delegar este servicio de nuevo en Emproacsa, por lo que el Ayuntamiento de este municipio de la Vega del Guadalquivir decidió solicitar el auxilio a la Diputación como una opción menos traumática para las arcas municipales.

Cabra

Fernando Priego aterrizó en un Ayuntamiento, el de Cabra, con la tesorería municipal en coma, según él mismo explicó en un bando a sus vecinos. El joven alcalde del PP sabía que tenía que hilar fino para sanear esas arcas. Una de esas medidas de ahorro la aplicó el Ayuntamiento en el cambio de la empresa que debía de hacerse cargo de la recogida de basura. En abril de este mismo año, el Pleno aprobó por unanimidad ese expediente sobre la gestión del servicio público de limpieza viaria y la recogida y transporte de Residuos Sólidos Urbanos en el municipio. El contrato se adjudicó por un montante de 1.018.000 euros anuales a la empresa Cespa.

Baena

La actual consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, afirmó durante su etapa de alcaldesa que la Promotora Municipal de Desarrollo (Promude) era la «espinita» de su gestión. Al final, la promotora, encargada también de la gestión de los aparcamientos públicos de Baena, no pudo hacer frente a sus obligaciones pendientes -sus deudas superaban los 1,5 millones de euros-, lo que finalmente provocó su disolución en junio de 2013, aprobándose la cesión global de activos y pasivos al Ayuntamiento.