Un juzgado de Linares imputó a directivos de la Agencia del Agua por las riadas

Las consecuencias de las inundaciones del Guadalquivir durante el invierno de 2010, que anegó numerosas localidades de toda la cuenca, incluida Córdoba capital, llevó a varios propietarios de fincas olivareras de Jaén a interponer en el Juzgado número 1 de Linares una denuncia por lo penal contra los entonces responsables de la Agencia Andaluza del Agua (AAA), así como los directores de cuatro presas del río Guadalmar en la cabecera de la cuenca y que desemboca en el anterior a la altura de Mengíbar.

En concreto, esos altos cargos eran el director general de Infraestructuras y Explotación, el gerente de la AAA y el responsable del Servicio Automático de Información Hidrológica (SAIH), así como en un principio los directores responsables de los pantanos de La Fernandina (en La Carolina), El Guadalén (Vilches), Guadalmena (Chiclana de Segura) y el Giribaile (Úbeda).

Si bien en relación a estos cuatro últimos se archivó la causa por considerar el magistrado que sólo tenían responsabilidad directa sobre la presa correspondiente, pero no sobre el conjunto de la cuenca. No obstante, para los otros tres se mantuvo la imputación por ser los que tenían capacidad de coordinar, prever y dar instrucciones para que las presas desaguaran, según el auto dictado por el Juzgado de Linares el 30 de diciembre de 2013, al que ha tenido acceso este periódico.

En ese auto se consideraba que había indicios de que entre diciembre de 2009 y febrero de 2010, así como en diciembre de ese mismo año, se realizaron desembalses en esos cuatro embalses «de forma descontrolada y sin sujeción a protocolo ordinario y racional» y sin que la comisión permanente de la comisión de agua de la AAA «adoptara las funciones que le son propias». Las pérdidas en esas fincas afectadas por las inundaciones superaban los 108.000 euros, según los denunciantes.

No obstante, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Jaén acordó el pasado 8 de mayo revocar parcialmente el auto de Linares al considerar que no hubo dolo en la actuación, con lo que la gravedad de los hechos no corresponden a un proceso penal, sino de otro tipo. En este sentido, el letrado de Córdoba Cristóbal Serrano, que junto a Pedro José Rosa, de Estepona, están llevando a cabo la recopilación de informes y pruebas para que los parcelistas de la cuenca -la mayoría de Córdoba- puedan reclamar indemnizaciones a la Junta, señaló que «yo no hubiera recomendado bajo ningún concepto que hubiera sido procedimiento penal», y de hecho dejó bien claro que todo el proceso iniciado desde Córdoba «va a llevar otro camino». Únicamente se irá a los tribunales en los casos en que no haya acuerdo a la hora de determinar si alguien tiene derecho a cobrar esas indemnizaciones por las riadas.

Por su parte, Pedro José Rosa recordó que fue ese procedimiento penal el que «nos ha abierto la puerta a pedir compensaciones por los daños, ya que sin él hubiera prescrito en marzo de 2012». Y es que «son una cuestión nuclear, ya que la causa eficiente de lo que pasó fue el desembalsado de golpe, porque si ya era grave que en Jaén estuvieran los embalses al 90% en diciembre de 2010, más grave era que en Córdoba estuvieran al 83%», explicó.

Por el momento, ninguno de los letrados ha recibido documentación alguna de ningún parcelista afectado.